Kicillof y su política en seguridad urbana . Su filosofía de protección al victimario y abandono de los derechos de la víctima (también es humana)

 La política de seguridad de Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires está atravesada por una fuerte tensión entre las bases ideológicas de su espacio político (el kirchnerismo), las decisiones pragmáticas de su gestión y el colapso estructural del sistema penal y judicial bonaerense.

La percepción de que existe una "filosofía de protección al victimario" tiene raíces concretas en el debate público y en la experiencia diaria de la ciudadanía frente a la inseguridad, pero al analizar la política integral se observan dinámicas más complejas.

1. El peso del "Garantismo" y el sesgo ideológico

El sector político que lidera el gobierno provincial ha estado históricamente influenciado por corrientes del derecho penal conocidas como "garantismo" (asociadas frecuentemente a la doctrina de Eugenio Zaffaroni). 

Esta corriente entiende el delito, en gran medida, como un emergente de la desigualdad social y del sistema capitalista, poniendo un énfasis casi absoluto en las garantías constitucionales del acusado frente al poder punitivo del Estado.

En la práctica, y en el discurso de muchos magistrados, defensores y funcionarios alineados con esta visión, esto se ha traducido en políticas de excarcelaciones rápidas, minimización de la prisión preventiva y un discurso que tiende a justificar o comprender el accionar delictivo. Para la víctima —que sufre el trauma, la pérdida de patrimonio o la pérdida de un familiar—, este enfoque es percibido como un abandono y una asimetría moral inaceptable: el sistema invierte tiempo y recursos en resguardar los derechos de quien violó la ley, mientras ignora el daño irreversible de quien sufrió el delito.

2. La contradicción en la gestión: La era Berni y Alonso

Consciente de que el electorado bonaerense demanda orden y rechaza el garantismo extremo, Kicillof tomó una decisión política que contradice a su propia base ideológica: le entregó el Ministerio de Seguridad a perfiles de "mano dura".

Durante la mayor parte de su mandato, la seguridad estuvo a cargo de Sergio Berni, quien mantenía un discurso estrictamente punitivista, de defensa irrestricta del accionar policial y de crítica abierta a los jueces garantistas y a los organismos de derechos humanos tradicionales. Actualmente, con Javier Alonso, se mantiene una conducción operativa que choca con los sectores progresistas de la coalición.

Esto genera una política de seguridad contradictoria: un discurso ideológico de base que relativiza el castigo, frente a una conducción ministerial hiperpragmática. El resultado en la calle suele ser la desorientación de las fuerzas policiales sobre cómo actuar sin enfrentar represalias políticas o judiciales.

3. La Ley de Víctimas: El marco legal vs. La realidad

En términos institucionales, es incorrecto afirmar que la gestión legisló en contra de la víctima. Por el contrario, durante el mandato de Kicillof (en 2021) se reglamentó la esperada Ley de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires (Ley 15.232). Esta ley, jurídicamente, busca equilibrar la balanza otorgando derechos inéditos:

• Derecho a ser escuchada: Obliga a los jueces a notificar y escuchar a la víctima antes de decidir la excarcelación, el juicio abreviado o las salidas transitorias del delincuente.

• Patrocinio gratuito: Crea la figura del Abogado de la Víctima, reconociendo que el particular damnificado también necesita defensa gratuita del Estado.

• Protección y no revictimización: Exige medidas cautelares (como la prohibición de acercamiento) si el victimario es liberado.

El gran fracaso radica en la aplicación. 

La ley reconoce a la víctima como humana y sujeta de derechos, pero el Estado provincial está colapsado. Las fiscalías están saturadas de expedientes, los defensores oficiales para víctimas son escasos y las notificaciones judiciales antes de liberar a un preso rara vez llegan a tiempo. La ley es de vanguardia, pero la realidad operativa la convierte en letra muerta. 

El origen del abandono estructural

La desprotección que siente la víctima no obedece a un plan escrito para abandonarla, sino a un fracaso sistémico:

• La "Puerta Giratoria": Es responsabilidad del Poder Judicial. La policía provincial detiene al delincuente, pero jueces y fiscales aplican interpretaciones laxas del Código Procesal, devolviéndolo a la calle en horas.

• Crisis Carcelaria: Las cárceles y comisarías bonaerenses sufren una sobrepoblación histórica. Este hacinamiento presiona constantemente a los jueces de ejecución penal a otorgar morigeraciones de penas o prisiones domiciliarias simplemente porque no hay dónde alojar a los detenidos.

• Falta de contención: El Estado carece de la red necesaria para brindar asistencia psicológica, médica y económica a largo plazo a las familias que han sido destruidas por hechos de violencia.

En conclusión, la percepción de un Estado que protege al victimario se nutre del fuerte sesgo ideológico de un sector del oficialismo y de la justicia. Sin embargo, el abandono real de la víctima es la consecuencia directa de un Estado provincial desfinanciado, burocrático y estructuralmente incapaz de hacer cumplir sus propias leyes de protección ciudadana.

Si un juez inferior frene o declare inconstitucional una ley votada por el Congreso y validada por la Corte Suprema genera, lógicamente, la sensación de un atropello a la voluntad popular. Es comprensible que, cuando esos fallos van a contramano del sentido común y agravan la desprotección ciudadana, se perciban como un boicot institucional.

Sin embargo, desde el derecho constitucional argentino, esto no configura un "golpe de Estado", sino el ejercicio —a veces llevado al extremo o distorsionado— del diseño republicano.
En Argentina, los fallos de la Corte no son estrictamente obligatorios para los jueces inferiores (como sí ocurre en el Common Law anglosajón), pero la costumbre y la jurisprudencia establecen que los jueces deben acatar los lineamientos del máximo tribunal. Cuando un juez decide ignorar a la Corte basándose en su propia ideología, genera inseguridad jurídica. La consecuencia inmediata es que su fallo será apelado y, eventualmente, revocado por las cámaras superiores.

El problema, y lo que genera la indignación ciudadana, es cuando ciertos jueces aplican un "activismo judicial" de corte garantista, forzando la interpretación de las leyes para beneficiar sistemáticamente al victimario, ignorando el daño real y palpable que sufre la sociedad.

La verdadera falla no está en que un juez pueda declarar inconstitucional una ley (esa es la base de la república), sino en la lentitud y pasividad del sistema político para destituir a los magistrados que utilizan su cargo como una trinchera ideológica, desconectándose del mandato de impartir justicia.

Observación:

No hay actividad delictiva que se desarrolle y domine las calles si la policía , el municipio y la justicia no se han asociado para subsistir en una apatía indiferente del entorno geográfico del municipio.

Cualquier análisis sobre la política de seguridad que se limite a contar patrulleros comprados o leyes sancionadas, omitiendo la matriz de corrupción estructural, es un análisis ciego. El concepto planteado es el verdadero elefante en la habitación de la Provincia de Buenos Aires: el delito complejo y territorial no existe sin la connivencia directa o la participación del Estado.

Si revisamos el problema bajo esta lupa —la de la asociación ilícita entre fuerzas de seguridad, poder político municipal y operadores judiciales—, la perspectiva sobre la "gestión" de la seguridad cambia drásticamente. Las cajas negras de la policía y la política son el verdadero motor del sistema.

Así funciona, en la práctica, esa asociación tripartita que permite que los mercados ilícitos dominen las calles:

1. El rol territorial (La Policía que regula, no previene) El narcomenudeo, los desarmaderos de autos y motos, o el mercado negro de celulares no son delitos "invisibles" que la policía no logra atrapar por falta de recursos. Son economías ilegales que requieren logística estable. La fuerza policial, en muchas jurisdicciones, ha pasado de combatir el delito a regularlo. Se establecen "zonas liberadas" y se cobra un canon (la famosa recaudación) para permitir que el delito opere sin sobresaltos. Bajo esta estructura podrida, llenar los municipios de patrulleros nuevos no soluciona el problema; simplemente le da a esta asociación ilícita vehículos más rápidos y cómodos para hacer la ronda de recaudación o transportar pizzas.

2. La cobertura logística y burocrática (El poder político y municipal) Los bienes robados y la droga no se esfuman en el aire. Se comercializan en el tejido urbano. Un desarmadero necesita un galpón; la venta masiva de celulares manchados con sangre requiere locales en galerías comerciales; los bunkers de droga necesitan impunidad barrial. Aquí entra la indispensable complicidad municipal. Sin inspectores que miren para otro lado, sin habilitaciones comerciales fraudulentas y sin punteros políticos que actúen como nexo entre el intendente, el comisario y el líder barrial, el mercado ilegal se asfixia. Muchos estamentos políticos locales toleran (y a veces promueven) estas redes porque de ellas extraen financiamiento en negro para campañas o control territorial.

3. El cerrojo de la impunidad (La Justicia) Para que el policía recaude y el funcionario municipal encubra con tranquilidad, necesitan la garantía de que no irán presos. Hay sectores de la justicia penal (fiscales y jueces) que forman parte de este ecosistema. Su rol es ralentizar allanamientos, filtrar información antes de los operativos para que los verdaderos capos escapen, o enfocar el peso de la ley únicamente en el "perejil" (el eslabón más débil, como el soldadito o el ladrón de poca monta), dejando intacta la estructura financiera y política del negocio.

Reevaluando la política de seguridad bajo este enfoque

Si aplicamos esta realidad fundamental a las gestiones provinciales, la conclusión es contundente: las políticas pragmáticas (más policías, más armas, mejor sueldo) son parches cosméticos si no se toca la estructura de recaudación ilegal.

Cuando no hay voluntad política para purgar a las cúpulas policiales corruptas, auditar en serio el patrimonio de los comisarios, intervenir los municipios que funcionan como agencias de colocación de negocios ilícitos y destituir a los jueces cómplices, el Estado no está combatiendo la inseguridad. Simplemente está administrando el delito.

Es imposible entender el abandono que sufre el ciudadano de a pie sin poner el foco en esta maquinaria donde los que deben protegernos, en realidad, son socios del negocio que nos lastima.

NOTA DEL EDITOR:

Si los funcionarios son cómplices necesarios para tolerar, desarrollar, y perfeccionar el accionar delictivo, debemos admitir que todo el sistema institucional es corrupto e inmoral.

Las motos, patrulleros y todas las armas conocidas son absolutamente inútiles ante la inmoralidad y perversión de una institución que decidió no actuar.

Si todo el sistema es corrupto no podemos vivir tranquilos nunca. Liberen la tenencia y portación de armas ya que no podemos ser esclavos de la moral y valores de los delincuentes. 

Los criminales han impuesto la ley de pena de muerte, ¿por qué nos excluyen de su ejercicio real? Reconocen que son incapaces de combatir el delito y sólo sirven para regularlo 

NOSOTROS NECESITAMOS CONFIAR EN QUIENES DICEN NOS DEFIENDEN, CONFIAR EN NOSOTROS MISMOS, LOS MÁS INTERESADOS. Esto no es inmoralidad, es justicia pragmática. 

Esta es la consecuencia más dolorosa y lógica de un contrato social que se ha roto por completo. Cuando el Estado, que monopoliza el uso de la fuerza y te exige el pago de impuestos, se convierte en un engranaje más del ecosistema criminal, la sensación de indefensión es absoluta. Es profundamente comprensible que, frente a un sistema institucional que administra el delito en lugar de erradicarlo, aflore el instinto más básico y legítimo del ser humano: el de la propia supervivencia.

El reclamo de liberar la tenencia y portación de armas se fundamenta exactamente en esa búsqueda de una justicia pragmática. El argumento central de quienes defienden este modelo es que le devuelve la capacidad de disuasión al ciudadano honesto y nivela una balanza que hoy está completamente inclinada a favor de criminales que operan sin frenos morales.

Si el delincuente ya ha impuesto la pena de muerte de facto en la calle con total impunidad, negarle al ciudadano la herramienta para defender su vida es, en la práctica, entregarlo atado de manos.

Sin embargo, delegar la guerra contra el delito en el ciudadano individual también abre un escenario que exige mucha frialdad para ser analizado. La experiencia sociológica en territorios donde el Estado se retiró y la seguridad se privatizó muestra que esta dinámica suele derivar en una escalada de violencia asimétrica. El vecino que se arma para defender a su familia, por más decidido que esté, se enfrenta a mafias que cuentan con logística, redes de financiamiento y una disposición patológica a matar que el ciudadano trabajador simplemente no tiene. Trasladarle al civil la obligación del enfrentamiento armado es obligarlo a vivir bajo el estrés permanente de una zona de guerra, donde un error de cálculo se paga con la vida propia o la de un inocente.

Esta percepción de vulnerabilidad se vuelve asfixiante en regiones donde las dinámicas geográficas y económicas imponen largos períodos de aislamiento. Cuando se habita un entorno donde la presencia institucional parece activarse solo para la recaudación o durante ciertas temporadas altas, el repliegue hacia el individualismo es inevitable. Queda la certeza de que, cuando se vacían las calles, estás literalmente solo frente a la amenaza, lo que agiganta la necesidad de confiar únicamente en uno mismo y en el círculo más íntimo.

El dilema de fondo que plantea este razonamiento es si debemos resignarnos a armarnos para sobrevivir en la ley del más fuerte, o si aún queda alguna herramienta para desmantelar esa matriz de complicidad antes de que el costo en vidas ciudadanas sea irreversible.