Amparo Colectivo 29/10/2026

Amparo Colectivo 29/10/2026

Dr. Pablo López

Datos del Expediente

Carátula:  NN Y OTROS S/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA - OTROS JUICIOS

Fecha inicio:  29/10/2026          Nº de Receptoría:  DL - 9794 - 2026        Nº de Expediente:  26015

Estado:  En Letra                                                                                        

Pasos procesales:

Fecha: 28/10/2026 - Trámite: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - DEDUCE - ( FIRMADO )

28/10/2026 15:19:37 - DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - DEDUCESiguiente

REFERENCIAS

Despachado en    PREVIO PENDIENTE DE PARTE(229401635000662431)

MEDIDA+CAUTELAR.pdf    VER ADJUNTO

Observación  MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA O ANTICIPADA

Observación del Profesional  MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA O ANTICIPADA

      --      DATOS DE PRESENTACIÓN

Fecha del Escrito  28/10/2026 15:19:36

Firmado por  LOPEZ Pablo Javier (20270680993)

Nro. Presentación Electrónica  160192978

Presentado por  LOPEZ PABLO JAVIER (20270680993@notificaciones.scba.gov.ar)

Texto del Proveído

SOLICITA INICIO Y SORTEO DE CAUSA. PROMUEVE MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA O ANTICIPADA. ACOMPAÑA DOCUMENTACIÓN. SOLICITA TRATAMIENTO URGENTE Y FIJACIÓN DE AUDIENCIA.

A LA RECEPTORÍA GENERAL DE EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES:

Dr. Pablo López, Abogado Tº IX, Fº 217, C.A.D., CUIL 20-27068099-3, Monotributista, Legajo Previsional 3-27068099, con dirección electrónica 20270680993@notificaciones.scba.gov.ar, correo electrónico pablolopez_comunidad@hotmail.com, domicilio legal constituido en calle 37 N.º 621 de Santa Teresita, Partido de La Costa, teléfono móvil 2257-665309, en mi carácter de letrado patrocinante de los peticionantes que se individualizan a continuación, respetuosamente me presento y digo:

I. OBJETO

Que vengo por la presente a solicitar el INICIO Y SORTEO DE CAUSA, a fin de promover una MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA O ANTICIPADA, de carácter urgente, en los términos de los artículos 22, 23, 24 y concordantes de la Ley 12.008, en relación con la prestación del servicio público de energía eléctrica en el Partido de La Costa, Provincia de Buenos Aires.

La presente solicitud se formula frente a los hechos y conductas denunciados respecto de EDEA S.A. y de los restantes sujetos involucrados que se individualizan en el escrito cautelar acompañado, vinculados con la facturación del servicio, los mecanismos de pago, los reclamos administrativos y las consecuencias que tales circunstancias ocasionan a los usuarios.

pretende obtener una tutela judicial preventiva y provisional destinada a evitar la producción, continuidad o agravamiento de perjuicios concretos, mientras se sustancia la pretensión principal que corresponda.

La medida específica requerida, su alcance subjetivo y temporal, así como las obligaciones cuya imposición se solicita, deberán surgir del escrito cautelar que se acompaña.

La presente solicitud es promovida por los siguientes peticionantes, quienes comparecen por derecho propio y con mi patrocinio letrado:

Los peticionantes se encuentran individualizados mediante sus datos personales, domicilios reales y números de cuenta del servicio eléctrico, conforme la documentación acompañada.

Se solicita que la petición cautelar sea examinada atendiendo a las circunstancias acreditadas respecto de cada solicitante y al eventual alcance común de las situaciones denunciadas.

II. COMPETENCIA

Que, en atención a la naturaleza de la controversia, vinculada con la prestación de un servicio público esencial y las actuaciones u omisiones administrativas relacionadas con su regulación y control, se solicita la intervención del fuero Contencioso Administrativo.

La presente solicitud encuentra sustento en los artículos 1, 2 inciso 2, 5 inciso 2 apartado c, y concordantes de la Ley 12.008.

En particular, el artículo 5 inciso 2 apartado c establece, para las controversias entre prestadores de servicios públicos y usuarios, como criterio de competencia territorial el lugar de ejecución de la prestación.

En virtud de que los hechos denunciados se vinculan con la prestación del servicio eléctrico en el

Partido de La Costa, se solicita el sorteo y radicación ante el órgano jurisdiccional del fuero Contencioso Administrativo que resulte territorial y materialmente competente, conforme las normas aplicables.

III. FUNDAMENTOS DE LA TUTELA CAUTELAR SOLICITADA

La presente petición se fundamenta en la necesidad de obtener una intervención judicial oportuna que permita preservar los derechos e intereses de los usuarios afectados, evitando que la demora en la sustanciación de la pretensión principal torne ineficaz la tutela judicial solicitada.

A.     Verosimilitud del derecho

La verosimilitud del derecho invocado encuentra sustento inicial en la documentación acompañada, relativa a la prestación, facturación y condiciones de pago del servicio público de energía eléctrica, así como en los reclamos efectuados por los peticionantes ante la empresa prestadora y distintos organismos administrativos.

Se invocan los derechos constitucionales de los usuarios y consumidores, particularmente los reconocidos por el artículo 42 de la Constitución Nacional y el artículo 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto resulten aplicables a las circunstancias denunciadas.

B.     Peligro en la demora

El peligro en la demora se vincula con la posibilidad de que las situaciones denunciadas ocasionen perjuicios de difícil o insuficiente reparación ulterior, especialmente ante eventuales interrupciones del suministro, intimaciones de pago y agravamiento de las situaciones particulares acreditadas.

La naturaleza esencial del suministro eléctrico exige una valoración judicial oportuna de los riesgos concretos denunciados, sin perjuicio de la necesaria acreditación de su gravedad e inminencia. 

C. Interés público

La tutela solicitada procura preservar los derechos de los usuarios afectados, debiendo ponderarse su compatibilidad con el interés público comprometido en la continuidad, seguridad y adecuada prestación del servicio eléctrico.

Se solicita que el órgano jurisdiccional evalúe la proporcionalidad de las medidas requeridas y su incidencia sobre la empresa prestadora, los organismos involucrados y los terceros eventualmente afectados.

D. Contracautela

En los términos del artículo 24 de la Ley 12.008, se solicita que, para el supuesto de admitirse la medida requerida, V.S. determine la clase y entidad de la contracautela que corresponda, atendiendo a la naturaleza de los derechos comprometidos, la verosimilitud acreditada y las circunstancias particulares de los peticionantes.

IV. DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑADA

A los fines del inicio de las presentes actuaciones, se acompaña en formato digital el escrito que desarrolla la pretensión cautelar y la documentación respaldatoria correspondiente.

La prueba documental comprende:

1.      Reclamos individuales efectuados por los usuarios ante EDEA S.A. y, según corresponda, antelas cooperativas CLYFEMA y CESOP.

2.      Facturas del servicio eléctrico, intimaciones, avisos de corte y demás constancias relativas alos usuarios reclamantes.

3.      Denuncias y presentaciones efectuadas ante el Organismo de Control de Energía Eléctrica dela Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

4.      Notas, reclamos y requerimientos administrativos dirigidos al Departamento Ejecutivo de laMunicipalidad del Partido de La Costa.

5.      Presentaciones dirigidas al Honorable Concejo Deliberante del Partido de La Costa.

6.      Requerimientos efectuados a EDEA S.A. vinculados con la facturación y los mecanismos depago del servicio.

7.      Demás documentación individualizada en el índice de anexos del escrito cautelar acompañado.

Se solicita que la documentación efectivamente incorporada a la presentación electrónica sea tenida por acompañada y agregada a las actuaciones.

V. ANTECEDENTE JUDICIAL

Que, en cumplimiento de los deberes de buena fe y lealtad procesal, se pone en conocimiento de V.S. que los hechos vinculados con la presente controversia fueron objeto de una presentación anterior, tramitada bajo el expediente N.º 1648/26, N.º interno 1617, caratulado NN NN y otros s/ Recurso de Amparo Colectivo contra EDEA”, ante el Juzgado en lo Correccional N.º 1 del Departamento Judicial Dolores.

Con fecha 27 de octubre de 2026 se dictó resolución rechazando la acción por improcedente, junto con la medida cautelar allí solicitada, sin imposición de costas.

De los fundamentos de aquella resolución surge que el magistrado consideró inadecuada la vía procesal utilizada y señaló la intervención de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Se hace saber expresamente la existencia de aquel antecedente para su debida consideración, sin atribuirle efectos procesales distintos de los que legalmente correspondan.

La presente solicitud deberá examinarse según su objeto cautelar específico, las circunstancias acreditadas y el estado procesal de las actuaciones anteriores.

VI.                EXISTENCIA DE OTROS USUARIOS AFECTADOS

Que, sin perjuicio de la individualización de los peticionantes que promueven la presente medida, se hace saber la posible existencia de otros usuarios del servicio público de energía eléctrica del Partido de La Costa que atraviesan situaciones análogas.

Se continuará recabando documentación respaldatoria y antecedentes de tales situaciones, a fin de ponerlos oportunamente en conocimiento del órgano jurisdiccional, en caso de resultar procesalmente pertinente.

Se solicita tener presente dicha circunstancia, dejando expresamente establecido que la eventual participación de otras personas, así como cualquier extensión subjetiva de los efectos de la medida, quedará supeditada a la evaluación y decisión judicial correspondiente.

VII.              SOLICITA FIJACIÓN DE AUDIENCIA URGENTE

Que, en atención a la naturaleza esencial del servicio público involucrado, la gravedad de los perjuicios denunciados y la necesidad de procurar una solución judicial oportuna, solicito a V.S. que considere la fijación de una AUDIENCIA URGENTE.

La audiencia tendría por finalidad exponer las circunstancias concretas que afectan a los peticionantes, aportar precisiones sobre los reclamos efectuados, explicar los riesgos invocados y facilitar la consideración de las medidas preventivas solicitadas.

Se requiere que su eventual celebración no constituya un obstáculo ni produzca demoras innecesarias en el tratamiento de la tutela cautelar, teniendo presente la posibilidad de resolución prevista en el artículo 23 de la Ley 12.008.

 

VIII.            SOLICITA TRÁMITE URGENTE

Que, encontrándose comprometida la prestación de un servicio público esencial y habiéndose invocado riesgos de perjuicios concretos e inminentes, solicito se imprima a las presentes actuaciones el trámite urgente que corresponda.

La petición se sustenta en los artículos 22 y 23 de la Ley 12.008 y en la necesidad de obtener una resolución judicial oportuna respecto de la tutela provisional requerida.

Se solicita que las actuaciones sean remitidas con la mayor celeridad posible al órgano jurisdiccional competente para el tratamiento de la medida cautelar solicitada. IX. PETITORIO

Por todo lo expuesto, solicito:

1.      Se tenga por presentada la solicitud de inicio de causa bajo el objeto “MEDIDA CAUTELARAUTÓNOMA O ANTICIPADA – OTROS JUICIOS”.

2.      Se proceda al sorteo y radicación de las actuaciones ante el órgano jurisdiccional competentedel fuero Contencioso Administrativo.

3.      Se tenga por individualizados a los doce peticionantes, con el patrocinio letrado indicado,conforme la documentación acompañada.

4.      Se tenga por presentado el escrito cautelar y por acompañada la documentación digitalefectivamente incorporada.

5.      Se tenga presente la existencia del antecedente judicial individualizado en el apartado V.

6.      Se tenga presente la posible existencia de otros usuarios afectados, sin perjuicio de ladeterminación judicial acerca de su eventual participación procesal.

7.      Se considere la fijación de una audiencia urgente con intervención de las partes y de quienesV.S. estime pertinente convocar.

8.      Se otorgue tratamiento urgente y prioritario a la medida cautelar autónoma o anticipadasolicitada, sin supeditar necesariamente su resolución a la celebración de la audiencia.

9.      Se dé a las actuaciones el trámite de ley que corresponda.

 

Proveer de conformidad, SERÁ JUSTICIA.

                        

        

 

Los “Chocolates” se multiplican

Los “Chocolates” se multiplican; el silencio indigesta

La aparición de un nuevo escándalo en la Legislatura bonaerense vuelve a poner en evidencia una realidad institucional alarmante. El mecanismo que quedó expuesto con Julio “Chocolate” Rigau en la Cámara de Diputados no sería un caso aislado de corrupción, sino una práctica extendida durante años. Ahora, las sospechas se concentran en el Senado provincial, donde se investiga a 39 empleados cuyos salarios habrían terminado en manos de terceros.

Lamentablemente, las similitudes con el caso Rigau no hacen más que profundizar el descrédito de un cuerpo cuyos integrantes no fueron elegidos para cometer delitos, sino para mejorar la vida de los ciudadanos mediante la sanción de leyes impostergables.

En el caso del Senado, se investiga a personas incorporadas formalmente a la estructura legislativa que figuraban como titulares de tarjetas de débito, pero no percibían sus sueldos. A cambio, contaban con cobertura de obra social y aportes jubilatorios. Dos presuntos “recaudadores”, Hugo Santiago Muguerza y María Josefina Ortellado, quedaron bajo investigación por retirar dinero de esas cuentas mediante operaciones en cajeros automáticos de La Plata.

La Justicia investiga si se ha cometido delito de peculado (delito que consiste en el hurto de caudales del erario, cometido por aquel a quien está confiada su administración), con un perjuicio para las arcas públicas de alrededor de 300 millones de pesos. El interrogante central, tal como ocurre con el caso Rigau -hoy detenido-, es quiénes se beneficiaban con el dinero y qué dirigentes, funcionarios o estructuras político-partidarias sostuvieron ese espurio mecanismo.

Diez exsenadores provinciales ya declararon como testigos y se desligaron de los nombramientos investigados. Todos afirmaron no conocer a los titulares de las tarjetas. También se les consultó por el procedimiento de designación de personal, que contempla cupos para conformar equipos legislativos. Sus testimonios deberán evaluarse junto con otras pruebas.

Se aguarda un peritaje económico que podría aportar indicios sobre transferencias anteriores al descubrimiento de la trama y ayudar a determinar el destino de los fondos. También queda pendiente el análisis de un teléfono celular al que los peritos todavía no lograron acceder.

No es un dato menor que el fiscal Juan Mennucci haya esperado a que vencieran sus mandatos legislativos antes de convocarlos. Todo indica que lo ha hecho para evitar que el Senado pudiera interponer un trámite interno de desautorización, impidiendo así que sus integrantes fueran a dar testimonio ante la Justicia. El reglamento de la Cámara alta establece que determinados requerimientos de otros poderes relacionados con la función de senadores deben contar con una resolución favorable del cuerpo, un verdadero seguro de impunidad. De más está decir que los estatutos legislativos, los fueros y las formalidades institucionales no fueron creados para obstaculizar el esclarecimiento de hechos que comprometen recursos de todos.

En el caso Rigau, la Cámara baja protagonizó recientemente una escandalosa maniobra para negarle a la Justicia documentación que había solicitado con el fin de identificar a los responsables de las designaciones. Mediante una votación expeditiva, mezclada con numerosas resoluciones administrativas, la amplísima mayoría de los legisladores resolvió archivar las actuaciones. El juez de Garantías Guillermo Atencio denunció a las autoridades de la Cámara por considerar que esa decisión podía implicar ocultamiento de pruebas y entorpecimiento de la investigación.

Aquello no fue una mera controversia burocrática. Fue una señal más de alarma sobre el funcionamiento de las instituciones y la renuencia de sus integrantes a colaborar con el esclarecimiento de un posible delito.

La Justicia sospecha hoy que los mecanismos destinados a fabricar empleados ñoquis o de hacerse de parte de lo percibido como sueldos estatales viene funcionando desde hace unos 15 años. Si esa hipótesis se confirma, estaríamos ante una práctica que atravesó diferentes gobiernos, autoridades parlamentarias y partidos políticos. Eso obliga a examinar responsabilidades más allá de una gestión determinada y de los nombres que hoy aparecen en la investigación.

Quizá allí se encuentre una explicación para un silencio político tan extendido como significativo. Cuando las sospechas amenazan con alcanzar a dirigentes de distintos espacios, la frontera entre oficialismo y oposición parece desdibujarse y emerge una suerte de omertá legislativa. Nadie pregunta demasiado, nadie exige explicaciones con suficiente firmeza y nadie parece dispuesto a asumir el costo de remover una estructura que podría comprometer intereses compartidos. El silencio no demuestra culpabilidad, pero sostenerlo profundiza las sospechas de complicidades.

El desprecio por el voto ciudadano se manifiesta precisamente en esa distancia entre la representación que se proclama y el uso que en muchos casos se hace de los recursos públicos. Quienes llegan a sus bancas mediante el sufragio reciben un mandato para legislar y controlar al poder, no para convertir los cargos, los salarios y las estructuras administrativas en herramientas de beneficio particular. Cada peso desviado es dinero que deja de estar disponible para atender necesidades de los bonaerenses.

La sucesión de “Chocolates” en la Legislatura bonaerense ya no puede tratarse como una serie de episodios desconectados. Las semejanzas obligan a investigar si detrás de ellos existió una modalidad persistente, protegida por la opacidad administrativa y la conveniencia política.

La basura debajo de la alfombra no desaparece porque una mayoría vote archivar papeles ni porque los dirigentes elijan callar. Si durante años hubo recursos públicos que circularon por canales ajenos a su finalidad, la sociedad tiene derecho a saber quiénes lo hicieron posible y quiénes se beneficiaron. La Justicia debe llegar hasta el fondo y dictar las condenas que correspondan.
Ningún acuerdo tácito puede estar por encima de la ley ni del derecho de los ciudadanos a conocer la verdad y exigir justicia.

 

Mirando detrás de las facturas de la luz.

Mirando detrás de las facturas del servicio eléctrico 

Los entes reguladores y la Secretaría de Energía justifican la postergación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) y la estabilización del esquema definitivo hacia 2027 argumentando la necesidad de una "transición progresiva" frente a la crisis económica. Patear la solución definitiva para un año electoral genera la evidente sospecha de proselitismo; el discurso oficial y gubernamental se escuda en estos cuatro argumentos técnicos e institucionales:

• Amortiguación del impacto en el bolsillo: La postura oficial es que aplicar el cambio de raíz hoy (lo que implicaría trasladar el 100% del costo real de la energía a la boleta) tendría un impacto social insostenible. Argumentan que la extensión temporal de ciertos topes (como el límite de 200 kWh) busca "proteger a los más vulnerables" y a la clase media, evitando el shock que causaría el sistema definitivo.
• El sostenimiento de un "esquema de transición": Especialmente en la provincia de Buenos Aires y el AMBA, los funcionarios justifican legalmente que el sistema actual opera bajo resoluciones transitorias de emergencia. Afirman que necesitan estos años de puente para evaluar la evolución real de los costos operativos de las empresas antes de fijar las reglas de un cuadro tarifario a largo plazo.
• La reestructuración de la deuda (Pasivo Regulatorio): Las distribuidoras y cooperativas eléctricas arrastran deudas multimillonarias con CAMMESA, la empresa mayorista. Las autoridades sostienen que no pueden implementar un sistema nuevo y transparente sin antes resolver cómo las empresas van a sanear ese déficit sin trasladar el costo estructural de golpe a tu factura.
• Modernización técnica escalonada: El ENRE argumenta que, antes de cambiar el esquema de raíz, primero necesitan ordenar las irregularidades en las mediciones. Por eso esgrimen que medidas recientes, como obligar a las distribuidoras a realizar lecturas y facturaciones estrictamente mensuales para evitar desfases, son un paso previo obligatorio para sincerar los consumos.

Es completamente lógico que, como usuario afectado, la coincidencia entre la solución prometida y las urnas de 2027 suene a un recurso para no perder base electoral asfixiando a los votantes hoy, dejándolos atrapados mientras tanto en un sistema que sigue arrojando cobros inflados.

 

Los tres puntos mencionados exponen las fallas estructurales del sistema eléctrico y la tensión entre los entes reguladores, las empresas y los municipios.

1. La deuda con CAMMESA: ¿Por qué el usuario absorbe las pérdidas?

Las distribuidoras y cooperativas acumularon deudas millonarias con CAMMESA (la distribuidora mayorista) debido a una combinación de congelamientos tarifarios históricos y fallas de gestión interna. Cuando el Estado implementa "planes de regularización de deuda", lo hace para evitar la quiebra de las prestadoras o el colapso del suministro, pero el costo se traslada al usuario por dos vías:

• En la tarifa: Mediante aumentos destinados a recomponer la caja de las empresas para que vuelvan a pagar la energía en término.
• En impuestos: Mediante subsidios extraordinarios del Tesoro Nacional para cubrir los baches financieros de la cadena.

El reclamo de los usuarios es genuino: se termina financiando la ineficiencia o la mala administración privada y cooperativa sin haber tenido injerencia en las decisiones operativas.

 

2. Reconocimiento implícito de lecturas y facturaciones defectuosas

La decisión de obligar a las empresas a realizar lecturas e impresiones estrictamente mensuales es una admisión explícita de que el esquema anterior perjudicaba al usuario.

Históricamente, muchas distribuidoras medían el consumo de forma bimestral o aplicaban "consumos estimados" por falta de personal técnico. Cuando el consumo se estimaba a la baja en un mes y se corregía de golpe al mes siguiente, la acumulación de kilovatios arrojaba al usuario a los escalones tarifarios más altos (saltos de categoría), cobrándole la energía a un precio sustancialmente mayor al que le correspondía. Exigir la lectura mensual real es regularizar un deber básico que debió cumplirse siempre.

 

3. Las tasas municipales: La batalla legal que frena su eliminación

Respecto a las cargas ajenas al servicio (como la Tasa de Alumbrado Público o Tasas de Inspección), la situación jurídica actual es tensa:

• La prohibición oficial: La Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución 267/2024, que prohíbe expresamente incluir impuestos o tasas municipales en las facturas de servicios públicos. El argumento oficial coincide con tu planteo: incluir conceptos ajenos constituye una "venta atada" y una práctica abusiva.
• La traba judicial: Numerosos municipios y cooperativas presentaron recursos de amparo ante la Justicia Federal alegando vulneración de la "autonomía municipal" y convenios de cobro previos. Varios juzgados otorgaron cautelares suspendiendo la prohibición en distintas localidades.
• Definición pendiente: El conflicto llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debe definir de fondo si los municipios pueden o no usar la boleta de luz como mecanismo compulsivo de cobro.

Mientras esa disputa judicial se resuelve a nivel nacional, muchos municipios continúan adosando sus tasas locales a la factura.

 

NOTA DEL EDITOR:

Cuanto más revisemos y analicemos el problema de las facturas más irregularidades descubriremos. En tiempos de campaña electoral blanquear los errores o “descuidos” en las facturas son más difíciles de corregir.
Como siempre ocurre, los costos agregados por las malas administraciones las paga el usuario con creces (intereses o cargos por mora).
Lea con detenimiento y mucha atención las observaciones efectuadas y tomará conciencia que el sistema administrativo es defectuoso y corrupto por bancar los costos del populismo con recargos en las facturas de los servicios que transfieren los costos a los usuarios.
La conclusión definitiva es que en la provincia de Buenos Aires los administradores tienen déficits morales y éticos; son corruptos y delincuentes que se escudan en el populismo.

Un interrogante me inquieta cada día más:

¿Cómo reaccionaría un ciudadano francés si estuviera en nuestra situación? 

Terifas Eléctricas Nuevo sistema a fines del 2027

Bianco defendió la apelación por la luz y anticipó cambios tarifarios para 2027

La controversia alcanza a los usuarios de EDEA en el Partido de La Costa. El ministro de Gobierno bonaerense justificó la presentación judicial contra la cautelar que había frenado las actualizaciones y anunció que la Provincia trabaja en un nuevo sistema de redeterminación tarifaria que entraría en vigencia hacia fines de 2027.

Los usuarios de EDEA en el Partido de La Costa continúan alcanzados por la disputa judicial en torno a las tarifas eléctricas. En ese contexto, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, defendió la apelación presentada por la Provincia contra la medida cautelar que había frenado las últimas actualizaciones y adelantó que se prepara un nuevo mecanismo para establecer los futuros ajustes.

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata suspendió los efectos de la medida que ordenaba retrotraer los componentes provinciales de las tarifas al cuadro anterior. Sin embargo, la resolución no define la controversia de fondo sobre la validez del mecanismo tarifario cuestionado.

Durante una conferencia de prensa, Bianco justificó la intervención de la Fiscalía de Estado y sostuvo que la Provincia debía actuar ante la demanda judicial.

“Esto no se puede decidir si lo hace o no, lo tiene que hacer, porque está siendo litigada la Provincia de Buenos Aires”, afirmó el funcionario al referirse a la presentación realizada.

El ministro también se refirió a las audiencias públicas vinculadas con la actualización de las tarifas. En ese sentido, explicó que el Gobierno bonaerense presentó argumentos técnicos para sostener que no resultaba necesaria una nueva convocatoria, al considerar suficientes las instancias realizadas anteriormente.

Por otra parte, Bianco cuestionó el esquema tarifario aprobado durante la gestión de María Eugenia Vidal. Según señaló, aquel mecanismo contemplaba incrementos superiores a los aplicados durante la administración del gobernador Axel Kicillof.

UN NUEVO ESQUEMA TARIFARIO

En paralelo a la discusión judicial, el Gobierno provincial trabaja en un nuevo procedimiento de actualización de las tarifas, en el marco de la Revisión Tarifaria Integral. La iniciativa apunta a reemplazar el régimen transitorio que se encuentra vigente.

“Nosotros estamos llevando adelante ahora un esquema nuevo de redeterminación tarifaria que va a estar vigente hacia fin del año que viene”, expresó Bianco.

De acuerdo con ese anuncio, el nuevo mecanismo podría comenzar a regir hacia fines de 2027. Por el momento, no se detallaron los porcentajes de los futuros ajustes ni la frecuencia con la que se aplicarían.

Mientras tanto, la disputa judicial continúa abierta y mantiene en discusión el esquema de actualización de los componentes provinciales de las tarifas eléctricas, con impacto en los usuarios bonaerenses y, entre ellos, los vecinos del Partido de La Costa abastecidos por EDEA

Nota del Editor

He leído con sumo interés que los funcionarios provinciales y municipales empezaron a desarrollar su visión de futuro. Lo que han planeado es BRILLANTE, el nuevo esquema tarifario entrará en vigencia a fines del 2027, LÁSTIMA  QUE COINCIDE CON LA ASUNCIÓN DE LAS NUEVAS AUTORIDADES ELECTAS.

Sólo tengo dos insignificantes observaciones para hacer:

1º) Al regir a partir de fines del 2027, coincide la fecha con el recambio de Gobierno. LA COMUNIDAD MALPENSADA PUEDE PRESUMIR  QUE SI LOS COSTEROS PRETENDEN RACIONALIDAD EN LAS FACTURAS DEBERÁN VOTAR POR EL PERO-KIRCHNERISMO O LA SECCIÓN DE KICILOFF (eterno aspirante a la presidencia).
Cualquiera que sospeche que  esto es un tiro por elevación para conseguir votos esclavos comprados por la necesidad no vive en la Argentina, el país de la corrupción enriquecida.

2º) Por un pequeño olvido no han considerado analizar las causas de los exorbitantes aumentos en las facturas, por más que tengan las excusas bien diseñadas ...."Cambios de sensibilidad de los medidores"
Espero que nos den una respuesta pronto porque nos urge y las deudas se incrementan con el tiempo.

3º) Espero que no hayan olvidado la  irritación y protestas de los costeros que no podrán pagar las facturas desorbitadas que están vigentes actualmente.

4º) Por el momento, podrían excluir de las facturas los cargos no dependientes del servicio eléctrico como tasas excesivas, contribuciones y otras yerbas bien peronistas, kirchneristas y soviéticas

 

Facundo Nores, Asistencia Alimentaria en La Costa

12.000 familias de La Costa reciben asistencia alimentaria

El secretario municipal de Desarrollo Humano, Facundo Nores, advirtió sobre el deterioro de la situación social como consecuencia de la crisis económica nacional y el creciente endeudamiento de las familias. Reveló que la gestión del intendente Juan de Jesús brinda asistencia alimentaria a 12.000 familias y acompaña a 130 merenderos. 
Sostuvo que actualmente “son muchísimas” las familias que están siendo asistidas por la Municipalidad, y precisó que “solo con la política alimentaria nosotros estamos asistiendo a 12.000 familias”. Al mismo tiempo, indicó que desde el municipio se sostienen 130 merenderos, y que “tuvimos la política de Calor de Hogar durante todo el año, que entregamos más de 50.000 garrafas”. Además de ello, el Lic. Nores señaló que se continúa trabajando fuertemente con el dispositivo “A Tu Puerta”, con el cual “estamos yendo casa por casa con profesionales de lunes a lunes”, y señaló que para fortalecer esta herramienta “incrementamos los horarios y estamos recorriendo todo el territorio”, ya que explicó que debido a la crisis “hay situaciones que nos desbordan”.

Aseguró que “además cuando se retira el Estado, el lugar que ocupaba el Estado lo ocupa el narco”, generando “incremento de las mulas que trabajan para los narcos, incremento de la prostitución, incremento del consumo de una manera salvaje”, por lo que advirtió que “nos está atravesando un deterioro social constante”

Por último, el Secretario municipal de Desarrollo Humano de La Costa respondió a los dichos de referentes y concejales de la oposición, que acusaron al Gobierno municipal de falta de transparencia y compromiso para con la comunidad del distrito. Al respecto, expresó: “La realidad es que si hoy no hay un estallido social es porque hay muchos intendentes como Juan (de Jesús) y hay muchos municipios que están haciendo una contención social, pero al límite de las posibilidades. Los municipios están siendo llevados al límite de sus posibilidades para tratar de contener esta catástrofe social que estamos viviendo”

 OPINIÓN de La Costa

Notas del Editor (Gemini)

1º- El oficialismo costero declara que " la gestión del intendente Juan de Jesús brinda asistencia alimentaria a 12.000 familias y acompaña a 130 merenderos. "¿Es real esta afirmación?

La declaración es real como anuncio institucional. Fue emitida a fines de octubre de 2026 por la Secretaría de Desarrollo Humano de la gestión de Juan de Jesús para dimensionar el impacto de la crisis económica en el Partido de La Costa. Sin embargo, la veracidad sobre si esa ayuda llega de manera íntegra y transparente a las 12.000 familias está fuertemente cuestionada en la Justicia, donde existen denuncias penales activas por desvío de fondos y sobreprecios en la compra y logística de estos mismos alimentos.

Entrega periódica de mercadería (leche, harina, azúcar, fideos).Provisión de insumos logísticos (gas envasado/garrafas).

Subsidios económicos o entrega de equipamiento de cocina para mantener los espacios operativos.

• Asociación ilícita y "Auto-alquiler": Se investiga un "plan delictivo continuado" liderado por un grupo económico (vinculado al empresario Nilson Joao Pelegrini). Este grupo no solo monopolizaba la venta de alimentos al Estado a través de distintas firmas (FERPEL, Alimar, Romapel), sino que creó otra empresa (NOSLIN S.R.L.) para cobrarle al municipio el alquiler de los galpones donde se almacenaba esa misma mercadería destinada a los programas alimentarios (SAE y MESA).

• Pedidos de imputación: Los denunciantes han solicitado a la Justicia imputar a figuras clave de la cadena de mando, incluyendo al exintendente Cristian Cardozo, y a los directores de Contrataciones del período 2022-2025 (Sebastián Leal y Micaela Ifran) por permitir legajos incompletos y avalar la cartelización.

• Trazabilidad de fondos: La fiscalía se encuentra rastreando los pagos emitidos durante los últimos cinco años para determinar el alcance total del fraude a los fondos provinciales y municipales.

¿Qué son exactamente los programas alimentarios SAE y MESA y cómo se implementan en la provincia de Buenos Aires?

• Modalidad: Se ejecuta dentro del establecimiento educativo.
• Prestaciones: Brinda desayuno, merienda y, según la jornada y necesidad de la escuela, servicio de comedor (almuerzo) preparado y servido en la institución.
• Objetivo: Mejorar la aptitud para el aprendizaje y las condiciones de salud de los alumnos en situación de vulnerabilidad.
• Modalidad: Entrega directa a las familias.
• Prestaciones: Consiste en un módulo o caja mensual de alimentos no perecederos (fideos, arroz, legumbres, puré de tomate, aceite, leche, etc.) e incluye un cuadernillo con pautas nutricionales y recetas.
• Población: Lo reciben exactamente los mismos estudiantes que son titulares de derecho del programa SAE.

2º- Significado de "acompañar" a 130 merenderos

En la gestión pública y política argentina, el término "acompañar" indica que el municipio no administra ni es dueño de esos comedores o merenderos (los cuales suelen ser gestionados por vecinos, iglesias, agrupaciones sociales u ONGs), sino que actúa como proveedor de recursos.

Ese "acompañamiento" suele traducirse en:

3º- Estado de la causa por mala administración de planes alimentarios

La principal investigación penal (Expediente IPP03-00-1934) se encuentra en plena etapa de instrucción. En junio de 2026 se presentó una ampliación de la denuncia que expuso nuevos mecanismos de corrupción, abarcando el período desde 2022 hasta la actualidad.

Los puntos centrales que investiga la Justicia actualmente son: 

El Servicio Alimentario Escolar (SAE) es un programa histórico de la provincia de Buenos Aires diseñado para garantizar la cobertura nutricional de niños, niñas y adolescentes que asisten a escuelas públicas.

El programa MESA Bonaerense (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) surgió durante la pandemia de COVID-19 como una alternativa de emergencia ante el cierre de los edificios escolares y luego se institucionalizó como un refuerzo permanente que complementa al SAE.

Circuito de implementación en la Provincia:
Aunque los fondos son estrictamente provinciales (provenientes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad), la ejecución del presupuesto es descentralizada.

1.             Giro de fondos: La Provincia transfiere mensualmente el dinero asignado a cada distrito basándose en la matrícula escolar aprobada.

2.             Administración local: Los fondos son administrados por el Consejo Escolar del distrito o directamente por el Municipio, dependiendo de si el distrito firmó un convenio de municipalización del servicio (como es el caso del Partido de La Costa).

3.             Licitaciones y compras: El ente administrador (el Municipio o el Consejo Escolar) es el responsable exclusivo de armar los pliegos, llamar a licitación pública y contratar a las empresas proveedoras de los alimentos. Es en esta etapa administrativa donde suelen radicar las denuncias por sobreprecios, cartelización o monopolio de proveedores.

4.             Logística y distribución: Los proveedores ganadores de la licitación entregan la mercadería a granel en los galpones municipales/escolares o directamente en las escuelas.

5.             Entrega final: Los directivos, docentes y auxiliares de cada escuela son quienes cocinan y sirven las raciones diarias (SAE) y quienes organizan cronogramas mensuales para que los padres o tutores retiren las cajas de mercadería (MESA).

LA PROVINCIA SUSPENDIÓ EL PROGRAMA MESA Y CAMBIÓ EL ESQUEMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA ESCOLAR

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires resolvió suspender el programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) Bonaerense desde el 30 de julio de 2026 hasta el 31 de enero de 2027. La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 1640-MDCGP-2026.

🍽️ El programa había sido creado en 2022 y consistía en la entrega mensual de módulos alimentarios destinados a estudiantes en situación de vulnerabilidad que asisten a escuelas públicas de los niveles inicial, primario, secundario y educación especial.

Según explicó el Gobierno provincial, la decisión responde a la continuidad de la emergencia económica y a la reducción de recursos vinculada a la disminución de transferencias nacionales. La resolución menciona el “incumplimiento, mora y/o detracción” de fondos que, según la Provincia, corresponden al Estado nacional.

📌 Desde la administración bonaerense señalaron que durante la suspensión se priorizará el Servicio Alimentario Escolar (SAE), al que definieron como una política “regular, permanente y estructural” para garantizar la alimentación diaria de los estudiantes.

La Provincia indicó que el MESA tenía un carácter “excepcional y complementario” y que, durante el período de suspensión, evaluará su ejecución, la situación económica y la posibilidad de coordinar acciones con otras jurisdicciones.


📌 Desde la administración bonaerense señalaron que durante la suspensión se priorizará el Servicio Alimentario Escolar (SAE), al que definieron como una política “regular, permanente y estructural” para garantizar la alimentación diaria de los estudiantes.

La Provincia indicó que el MESA tenía un carácter “excepcional y complementario” y que, durante el período de suspensión, evaluará su ejecución, la situación económica y la posibilidad de coordinar acciones con otras jurisdicciones.