en el Partido de La Costa

miércoles, 28 de octubre de 2026

Mirando detrás de las facturas de la luz.

Mirando detrás de las facturas del servicio eléctrico 

Los entes reguladores y la Secretaría de Energía justifican la postergación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) y la estabilización del esquema definitivo hacia 2027 argumentando la necesidad de una "transición progresiva" frente a la crisis económica. Patear la solución definitiva para un año electoral genera la evidente sospecha de proselitismo; el discurso oficial y gubernamental se escuda en estos cuatro argumentos técnicos e institucionales:

  • Amortiguación del impacto en el bolsillo: La postura oficial es que aplicar el cambio de raíz hoy (lo que implicaría trasladar el 100% del costo real de la energía a la boleta) tendría un impacto social insostenible. Argumentan que la extensión temporal de ciertos topes (como el límite de 200 kWh) busca "proteger a los más vulnerables" y a la clase media, evitando el shock que causaría el sistema definitivo.
  • El sostenimiento de un "esquema de transición": Especialmente en la provincia de Buenos Aires y el AMBA, los funcionarios justifican legalmente que el sistema actual opera bajo resoluciones transitorias de emergencia. Afirman que necesitan estos años de puente para evaluar la evolución real de los costos operativos de las empresas antes de fijar las reglas de un cuadro tarifario a largo plazo.
  • La reestructuración de la deuda (Pasivo Regulatorio): Las distribuidoras y cooperativas eléctricas arrastran deudas multimillonarias con CAMMESA, la empresa mayorista. Las autoridades sostienen que no pueden implementar un sistema nuevo y transparente sin antes resolver cómo las empresas van a sanear ese déficit sin trasladar el costo estructural de golpe a tu factura.
  • Modernización técnica escalonada: El ENRE argumenta que, antes de cambiar el esquema de raíz, primero necesitan ordenar las irregularidades en las mediciones. Por eso esgrimen que medidas recientes, como obligar a las distribuidoras a realizar lecturas y facturaciones estrictamente mensuales para evitar desfases, son un paso previo obligatorio para sincerar los consumos.

Es completamente lógico que, como usuario afectado, la coincidencia entre la solución prometida y las urnas de 2027 suene a un recurso para no perder base electoral asfixiando a los votantes hoy, dejándolos atrapados mientras tanto en un sistema que sigue arrojando cobros inflados.


 

Los tres puntos mencionados exponen las fallas estructurales del sistema eléctrico y la tensión entre los entes reguladores, las empresas y los municipios.

1. La deuda con CAMMESA: ¿Por qué el usuario absorbe las pérdidas?

Las distribuidoras y cooperativas acumularon deudas millonarias con CAMMESA (la distribuidora mayorista) debido a una combinación de congelamientos tarifarios históricos y fallas de gestión interna. Cuando el Estado implementa "planes de regularización de deuda", lo hace para evitar la quiebra de las prestadoras o el colapso del suministro, pero el costo se traslada al usuario por dos vías:

  • En la tarifa: Mediante aumentos destinados a recomponer la caja de las empresas para que vuelvan a pagar la energía en término.
  • En impuestos: Mediante subsidios extraordinarios del Tesoro Nacional para cubrir los baches financieros de la cadena.

El reclamo de los usuarios es genuino: se termina financiando la ineficiencia o la mala administración privada y cooperativa sin haber tenido injerencia en las decisiones operativas.

 

2. Reconocimiento implícito de lecturas y facturaciones defectuosas

La decisión de obligar a las empresas a realizar lecturas e impresiones estrictamente mensuales es una admisión explícita de que el esquema anterior perjudicaba al usuario.

Históricamente, muchas distribuidoras medían el consumo de forma bimestral o aplicaban "consumos estimados" por falta de personal técnico. Cuando el consumo se estimaba a la baja en un mes y se corregía de golpe al mes siguiente, la acumulación de kilovatios arrojaba al usuario a los escalones tarifarios más altos (saltos de categoría), cobrándole la energía a un precio sustancialmente mayor al que le correspondía. Exigir la lectura mensual real es regularizar un deber básico que debió cumplirse siempre.

 

3. Las tasas municipales: La batalla legal que frena su eliminación

Respecto a las cargas ajenas al servicio (como la Tasa de Alumbrado Público o Tasas de Inspección), la situación jurídica actual es tensa:

  • La prohibición oficial: La Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución 267/2024, que prohíbe expresamente incluir impuestos o tasas municipales en las facturas de servicios públicos. El argumento oficial coincide con tu planteo: incluir conceptos ajenos constituye una "venta atada" y una práctica abusiva.
  • La traba judicial: Numerosos municipios y cooperativas presentaron recursos de amparo ante la Justicia Federal alegando vulneración de la "autonomía municipal" y convenios de cobro previos. Varios juzgados otorgaron cautelares suspendiendo la prohibición en distintas localidades.
  • Definición pendiente: El conflicto llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debe definir de fondo si los municipios pueden o no usar la boleta de luz como mecanismo compulsivo de cobro.

Mientras esa disputa judicial se resuelve a nivel nacional, muchos municipios continúan adosando sus tasas locales a la factura.


 

NOTA DEL EDITOR:

Cuanto más revisemos y analicemos el problema de las facturas más irregularidades descubriremos. En tiempos de campaña electoral blanquear los errores o “descuidos” en las facturas son más difíciles de corregir.
Como siempre ocurre, los costos agregados por las malas administraciones las paga el usuario con creces (intereses o cargos por mora).
Lea con detenimiento y mucha atención las observaciones efectuadas y tomará conciencia que el sistema administrativo es defectuoso y corrupto por bancar los costos del populismo con recargos en las facturas de los servicios que transfieren los costos a los usuarios.
La conclusión definitiva es que en la provincia de Buenos Aires los administradores tienen déficits morales y éticos; son corruptos y delincuentes que se escudan en el populismo.

Un interrogante me inquieta cada día más:


¿Cómo reaccionaría un ciudadano francés si estuviera en nuestra situación? 

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