Audiencia Pública electricidad

 Costo eléctrico sin definición hasta el 16/12/26

Tras la disputa judicial que permitió restablecer los aumentos eléctricos para 14 millones de usuarios, el Gobierno bonaerense convocó a una audiencia pública para debatir la continuidad del esquema de transición y las tarifas que regirán durante los próximos cinco años.

El Gobierno de Axel Kicillof abrió una nueva instancia en la discusión por las tarifas eléctricas bonaerenses. A través de la Resolución 827-MIYSPGP-2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a cargo de Gabriel Katopodis, convocó a una audiencia pública para el próximo 16 de diciembre. El objetivo será poner a consideración de los usuarios la continuidad de la etapa de transición tarifaria y las propuestas de actualización que regirán durante el próximo período quinquenal.

La convocatoria llega después de una disputa judicial que tuvo como protagonista a la administración bonaerense. En septiembre, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca había dispuesto suspender los aumentos aplicados desde agosto sobre los componentes provinciales de las facturas eléctricas. La medida respondió a una presentación del defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien cuestionó que se hubieran implementado modificaciones tarifarias sin una nueva audiencia pública.

Sin embargo, la Fiscalía de Estado apeló la decisión y consiguió que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata otorgara efecto suspensivo al recurso. De esa manera, quedaron nuevamente habilitados los cuadros tarifarios y las distribuidoras EDEN, EDEA, EDES y EDELAP pudieron volver a aplicar los incrementos, que oscilan entre el 1,5% y el 3,5% y alcanzan a alrededor de 1,4 millones de usuarios. La controversia judicial, de todos modos, todavía no tiene una resolución definitiva. 

En medio de ese escenario, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, había defendido la intervención judicial de la Provincia. El funcionario sostuvo que la Fiscalía de Estado tenía la obligación de defender la posición del Ejecutivo y aclaró que la discusión judicial no estaba centrada en el monto de los aumentos, sino en la necesidad de realizar nuevas audiencias públicas.

También cuestionó el esquema tarifario heredado de la gestión de María Eugenia Vidal y aseguró que el gobierno de Kicillof optó por aplicar actualizaciones vinculadas a la inflación, en lugar de continuar con el mecanismo de redeterminación anterior. En ese marco, adelantó que la Provincia trabaja en un nuevo sistema de actualización tarifaria que podría entrar en vigencia hacia fines de 2027. 

Ahora, la Resolución 827 formaliza una instancia de participación ciudadana que tendrá alcance sobre los distribuidores provinciales y municipales. La audiencia se desarrollará de manera virtual, entre las 9 y las 18, con transmisión en vivo por el canal oficial de YouTube del Ministerio de Infraestructura. Podrá extenderse al día siguiente si el desarrollo de la jornada así lo requiere.

El encuentro estará presidido por la Subsecretaría de Energía y contará con la participación de representantes de OCEBA y de las principales distribuidoras eléctricas. También fueron convocadas las federaciones que representan a las concesionarias municipales.

Uno de los puntos centrales será la presentación de los requerimientos de ingresos de las empresas y de los planes de inversión proyectados para el próximo quinquenio. La Provincia pretende avanzar en una nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI), un proceso que busca establecer las condiciones económicas y regulatorias para la prestación del servicio durante los próximos cinco años.

La revisión también contempla modificaciones en los mecanismos de distribución del Fondo Provincial Compensador Tarifario, una herramienta destinada a equilibrar las diferencias de costos entre los distribuidores provinciales y municipales, con el objetivo de que usuarios con características de consumo similares afronten importes equivalentes independientemente de su ubicación.

NOTA DEL EDITOR
La audiencia pública tiene fecha para el 16/12/2026, cuando ha comenzado la temporada estival por lo que todos el aparato productivo del verano se ve imposibilitado de calcular los costos de la prestación gastronómica, hotelera y comercial. Obviamente esto prácticamente disminuirá la oferta de trabajo que bajará rotundamente.
Si se cumplen lo tiempos previstos por la provincia, la desocupación de la temporada será superlativa al igual que la inseguridad y recursos municipales.

Persiste una falta de transparencia en la arquitectura tributaria, donde el Estado —en sus diversos niveles— sigue utilizando la boleta de luz como un mecanismo compulsivo de recaudación para cargas y tasas desconectadas del consumo directo. Al empaquetar ineficiencias de recaudación dentro de la factura eléctrica, los funcionarios eluden asumir el costo político de cobrar sus tributos por las vías correspondientes, trasladando todo el riesgo financiero al comercio y al usuario residencial.

En conjunto, la actuación de las autoridades responsables se caracteriza por la reactividad, la falta de planificación regional y la desarticulación institucional, transformando lo que debería ser una discusión técnica sobre costos de distribución en un factor de paralización económica para la región. 

Tasas alumbrado

Debate por la eliminación de las tasas de alumbrado público en las facturas de luz

 

La iniciativa fue presentada por el bloque de La Libertad Avanza y generó cruces con el oficialismo. Mientras el Gobierno local advirtió sobre la pérdida de recursos para sostener el servicio, desde la oposición cuestionaron el funcionamiento de las luminarias municipales, que permanecen encendidas durante todo el día.

El Concejo Deliberante fue escenario de un debate en torno a la eliminación de las tasas de alumbrado público que se encuentran incluidas en las facturas del servicio eléctrico en el Partido de La Costa. La propuesta fue impulsada por el bloque de concejales de La Libertad Avanza (LLA).

Durante el tratamiento de la iniciativa, desde el oficialismo defendieron la continuidad del cobro y advirtieron que eliminar ese concepto de las boletas de electricidad significaría dejar de contar con recursos necesarios para garantizar el funcionamiento y mantenimiento del alumbrado público en el distrito.

Sin embargo, desde La Libertad Avanza cuestionaron ese planteo y pusieron el foco en una situación que consideran contradictoria: las luminarias municipales, que forman parte del sistema de iluminación pública, permanecen encendidas durante las 24 horas, incluso en jornadas de plena luz natural, cuando no resulta necesario mantenerlas en funcionamiento.

En ese sentido, los ediles opositores plantearon interrogantes sobre la eficiencia en la utilización de los recursos municipales y el control del sistema de alumbrado público.

De esta manera, la discusión legislativa abrió un debate que va más allá de la continuidad de una tasa incluida en las facturas de electricidad y pone en el centro de la escena el destino de los fondos que aportan los contribuyentes, la prestación de los servicios municipales y la necesidad de garantizar un uso eficiente de los recursos públicos.

FaroNoticias

Instituciones y funcionarios incompetentes

Instituciones y funcionarios infames sin pudor

La crisis de previsibilidad frente a la temporada 2026/2027 evidencia una falla estructural de gobernanza en la que los organismos de control, la administración provincial y las gestiones locales priorizan la contención fiscal inmediata por sobre la viabilidad de la economía regional.

El aspecto más crítico en el desempeño de las instituciones involucradas es la desconexión temporal entre la burocracia estatal y la economía real. Fijar la Revisión Tarifaria Integral para mediados de diciembre —cuando la temporada turística ya está en marcha, los precios de alquileres y servicios fueron pactados y las estructuras de costos están cerradas— demuestra una marcada imprevisión estratégica hacia los municipios costeros, cuya sustentabilidad anual se define en esos tres meses.

En segundo lugar, se observa una degradación del marco regulatorio por sobrejudicialización. La secuencia recurrente de resoluciones emitidas omitiendo instancias de participación ciudadana, seguidas por cautelares de primera instancia y posteriores revocaciones en Cámara, convierte a la tarifa de un servicio público en una lotería de fallos. Las instituciones encargadas de fiscalizar (como el OCEBA) terminan cediendo su rol técnico a la disputa judicial, despojando al mercado local de la seguridad jurídica mínima requerida para invertir o contratar personal.

Por último, persiste una falta de transparencia en la arquitectura tributaria, donde el Estado —en sus diversos niveles— sigue utilizando la boleta de luz como un mecanismo compulsivo de recaudación para cargas y tasas desconectadas del consumo directo. Al empaquetar ineficiencias de recaudación dentro de la factura eléctrica, los funcionarios eluden asumir el costo político de cobrar sus tributos por las vías correspondientes, trasladando todo el riesgo financiero al comercio y al usuario residencial.

En conjunto, la actuación de las autoridades responsables se caracteriza por la reactividad, la falta de planificación regional y la desarticulación institucional, transformando lo que debería ser una discusión técnica sobre costos de distribución en un factor de paralización económica para la región.

  

Riesgo operativo temporada 26/27

La situación judicial ha tenido novedades recientes, pero lamentablemente representan un revés para los reclamos de los usuarios frente a los aumentos de EDEA.

A fines de octubre de 2026, la justicia bonaerense revirtió el freno a los aumentos tarifarios, permitiendo que las facturas se sigan cobrando con los cuadros actualizados. El proceso se dio de la siguiente manera:

• El freno inicial (Septiembre 2026): En respuesta a los reclamos y presentaciones administrativas (como las impulsadas por vecinos y agrupaciones en la Costa Atlántica), un fallo de primera instancia había suspendido la Resolución 585/2026. La justicia consideró que la Provincia aprobó las subas sin realizar las audiencias públicas correspondientes, ordenando a EDEA retrotraer los valores y devolver lo cobrado de más.

• La revocación (21 de Octubre de 2026): El gobierno provincial, a través de la Fiscalía de Estado, apeló la medida argumentando que suspender los cobros ponía en riesgo la continuidad del suministro eléctrico y el capital de las concesionarias. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata le dio la razón a la Provincia y levantó la cautelar.

¿Qué significa esto para las próximas boletas? Actualmente, EDEA está legalmente habilitada para facturar con los aumentos aplicados. Sin embargo, la Cámara aclaró que esta decisión no resuelve la "cuestión de fondo" sobre la legalidad del cuadro tarifario. La definición final quedará pendiente hasta que se realice la audiencia pública para la Revisión Tarifaria Integral, que el gobierno provincial programó para mediados de diciembre de 2026.

Por otro carril avanza la disputa sobre las tasas municipales (como el alumbrado público): la Procuración General de la Nación ya dictaminó a favor de la prohibición de cobrarlas en la boleta de luz, y ahora se espera que la Corte Suprema de Justicia dicte el fallo definitivo que obligaría a los municipios a desenganchar esos cobros de la factura eléctrica.

La indefinición sobre el costo real de la energía impacta de lleno en la estructura de costos de cualquier emprendimiento, y el timing judicial representa el peor escenario posible al coincidir exactamente con los meses de planificación para la temporada alta.

Cuando un prestador turístico o comercial no puede proyectar su principal costo operativo —después de los salarios y alquileres—, el mercado local reacciona con parálisis o con estrategias defensivas que terminan dañando la economía de la región:

• Fijación de precios a ciegas: La hotelería, la gastronomía y los balnearios deben definir hoy las tarifas para enero y febrero. Sin un cuadro tarifario eléctrico firme, se ven forzados a sobreestimar el costo de la energía para cubrirse (perdiendo competitividad frente a otros destinos turísticos) o a trabajar a ciegas, asumiendo el riesgo de operar a pérdida si la resolución final convalida aumentos drásticos.
• Retracción en contrataciones: La firma de contratos para locales comerciales y la contratación de personal temporario se ralentizan hasta que los inversores puedan calcular la verdadera viabilidad y rentabilidad de abrir durante el verano.
• Freno a la infraestructura comercial: Las inversiones de capital en equipamiento de alto consumo (nuevas cámaras frigoríficas, actualización de sistemas de aire acondicionado, maquinaria gastronómica) se suspenden hasta que haya previsibilidad sobre el costo de mantenerlos encendidos.

El hecho de que la Revisión Tarifaria Integral y la decisión judicial de fondo queden postergadas para mediados de diciembre significa que las reglas del juego se establecerán con la temporada ya en marcha. Esta falta de previsibilidad jurídica transfiere todo el riesgo operativo directamente a los comerciantes, pymes y emprendedores locales.

  

Propuesta al Municipio.

Propuestas para que el Municipio pueda estimular el turismo de la temporada estival.

Sugerencias para un Intendente incompetente

1. Incentivos Fiscales y Tributarios

Para potenciar la temporada estival, la política tributaria debe enfocarse en aliviar la carga sobre los prestadores de servicios y fomentar la inversión en la economía local:

• Descuentos por contratación de empleo local:
  Implementar reducciones en la Tasa de Seguridad e Higiene para comercios, balnearios y hoteles que contraten residentes permanentes del municipio durante los meses de verano.
• Exenciones por mejoras en infraestructura:
  Otorgar créditos fiscales o deducciones en tasas municipales para aquellos establecimientos que inviertan en autonomía de servicios críticos. Esto incluye la instalación de cisternas para garantizar reservas de agua o generadores eléctricos, mitigando el impacto en la red pública durante los picos poblacionales.
• Diferenciación por cumplimiento anticipado:
  Ofrecer bonificaciones significativas para los locales comerciales o gastronómicos que abonen los permisos de uso de espacio público (como mesas en las veredas) o tasas de habilitación meses antes del inicio de la temporada.
• Trazabilidad de fondos: Crear asignaciones específicas donde un porcentaje de las tasas cobradas al sector turístico se reinvierta exclusivamente y de manera pública en infraestructura turística, brindando seguridad al sector privado sobre el destino de sus aportes.

2. Garantía de Servicios Públicos y Espacio Urbano

El éxito económico del verano depende directamente de la capacidad del municipio para absorber la explosión demográfica temporal sin colapsar:

• Agua y saneamiento: Reforzar las redes de provisión para asegurar la presión y calidad del suministro de agua potable, y optimizar el sistema cloacal para evitar desbordes. La deficiencia en estos servicios básicos es el principal factor de no retorno del turista.
• Gestión de residuos de alta frecuencia: Desplegar un esquema especial de recolección de basura con múltiples turnos diarios en polos gastronómicos, zonas céntricas y accesos a la playa, complementado con puntos limpios para reciclaje.
• Mantenimiento de infraestructura costera: Reparación preventiva de bajadas al mar, instalación de duchas públicas, mantenimiento de pasarelas y refuerzo de luminarias LED en frentes marítimos y avenidas principales.

3. Ordenamiento del Mercado Turístico

• Regulación con incentivos del alojamiento informal: En lugar de esquemas puramente punitivos, crear un registro municipal simplificado para alquileres temporarios que ofrezca beneficios en la Tasa de Servicios Generales a quienes se inscriban, nivelando la competencia con la hotelería formal y garantizando estándares de seguridad.
• Corredores peatonales dinámicos: Peatonalizar arterias comerciales estratégicas durante el horario nocturno para ampliar la capacidad de los locales gastronómicos y fomentar el paseo de compras.
• Descentralización de la oferta: Organizar ferias de productores locales, eventos culturales o actividades deportivas en diferentes barrios o localidades vecinas para evitar la saturación del centro principal y distribuir el consumo.
  
  No es aceptable las excusas que todas estas tareas requieren tiempo para llevarlas a cabo, pero....
  ¡TUVIERON 40 AÑOS PARA EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS, UN EXCESO DE TIEMPO!
  Sinceramente Ud. no asistió a los ciudadanos de La Costa, sólo pensó Costa Esmeralda y otros proyectos que le fueron beneficiosos. 
  ¿Nunca pensó en renunciar al cargo que usufructuó durante 40 años? 
  Es hora de que lo piense seriamente, muchos se lo agradeceremos.

  

Acuerdo precios y servicios.

Buscan acordar precios competitivos y mejorar

los servicios turísticos 

A pocos días del lanzamiento oficial de la temporada de verano 2026-2027, la Municipalidad de La Costa mantuvo un encuentro de trabajo con representantes de distintos sectores vinculados al turismo para analizar las perspectivas de los próximos meses y coordinar acciones destinadas a fortalecer la actividad.
La reunión contó con la participación del intendente Juan de Jesús; el secretario de Turismo y Ambiente, Cristian Escudero; el presidente del Ente de Desarrollo Turístico (EDETUR), Ezequiel Caruso; y el subsecretario de Defensa Civil, Augusto Giachetti.

También estuvieron presentes representantes de la hotelería, gastronomía, inmobiliarias, parques temáticos, productores de alfajores, cervecerías y otros emprendimientos locales.
Precios y competitividad para el verano
Uno de los principales temas abordados fue la necesidad de establecer criterios comunes para los valores de los servicios turísticos, teniendo en cuenta la situación económica nacional.
Durante el encuentro se planteó la importancia de mantener precios competitivos que permitan atraer visitantes y sostener la actividad de los distintos sectores durante el verano.
Además, se analizaron cuestiones vinculadas con las condiciones climáticas, las medidas de prevención y los protocolos de actuación ante posibles contingencias.
Un padrón único de alojamientos turísticos
Otra de las novedades fue el anuncio del inicio de la implementación de un padrón único de alojamientos turísticos.
Según se informó, esta herramienta permitirá identificar a los prestadores de alojamiento, otorgar beneficios a quienes desarrollan la actividad y ofrecer mayores garantías de seguridad a los visitantes.
La reunión también permitió que los representantes del sector plantearan inquietudes y propuestas relacionadas con el funcionamiento de los servicios turísticos.
El lanzamiento oficial de la temporada 2026-2027 está previsto para el viernes 13 de noviembre en Costa del Este, donde se presentarán distintas actividades y propuestas para el verano.

Nota del editor:
Continuando con el hábito del Municipio, no se explayó sobre el "plan estímulo para el turismo" que demuestre que los servicios esenciales no estén "inflados", que las tasas se reducirán y que la recaudación impositiva esté acorde con la realidad económica del ciudadano costero.
La voracidad del Municipio requiere que se elabore un padrón único de alojamientos turísticos para eficientizar la recaudación impositiva y sostener su ingreso de dinero.
El Municipio no detalló las bases de su accionar para mejorar el turismo, sino para controlar el mercado de alojamiento.
Ante la crisis que padecemos, hubiera sido mucho más simple y eficaz decretar la disminución de las tasas y cargas impositivas y gestionar la exclusividad de la factura para electricidad excluyendo los cargos parásitos incluidos.  

Esta actitud es típica del pero-kirchnerismo, aumentando las cargas a todos aquellos que producen para así sostenerse mejor en el poder. No brinda apoyo al que genera bienes y trabajo.

Servicio Irregular

Servicio eléctrico irregular ¿a quién perjudica más?

Si el servicio eléctrico se vuelve irregular (cortes recurrentes, caídas de tensión prolongadas o apagones) en un contexto de tarifas impagables y a puertas de la temporada, se genera una "tormenta perfecta" que invierte las dinámicas de poder.

La presión se distribuye en una reacción en cadena, afectando a tres actores clave de manera muy distinta:

1. El comerciante y el prestador turístico (Presión operativa y económica inmediata) Son la primera línea de contención y quienes reciben el impacto en tiempo real. La presión recae sobre ellos porque son quienes deben dar la cara ante un turista enfurecido.

• Destrucción del capital: Se rompe la cadena de frío (mercadería a la basura en plena temporada) y se queman motores (heladeras, cámaras, aires acondicionados).
• Caída de ingresos: Los huéspedes exigen devoluciones de dinero por servicios no prestados o cancelan reservas masivamente.
• La trampa definitiva: El comerciante pasa del escenario de "no poder pagar la luz" al escenario catastrófico de "pagar una fortuna por un servicio que no tiene y que, encima, le destruye sus herramientas de trabajo".

2. El Intendente y el Ejecutivo Municipal (Presión política y social insostenible) Aunque la distribución eléctrica sea una concesión provincial (ya sea a través de EDEA o cooperativas locales), la ventanilla de reclamos siempre es el municipio.

• El turista o el vecino que se queda a oscuras con 30 grados de calor no marcha a La Plata ni llama al ente regulador (OCEBA); corta la Avenida San Bernardo, va a la puerta de la Municipalidad o a la delegación local.
• El Intendente queda sin margen de maniobra: ya no puede usar la excusa burocrática de que "las tarifas son un tema de Nación o Provincia". Si la ciudad está a oscuras en enero, los canales de televisión nacionales transmiten el caos en vivo y el destino turístico se hunde. El costo político (y el riesgo de estallido social) recae 100% sobre la figura del jefe comunal, forzándolo a salir de su inacción y ponerse al frente de la queja para salvar su propia gestión.

3. La Empresa o Cooperativa Distribuidora (Presión legal y regulatoria) Las empresas energéticas suelen escudarse en los contratos de concesión y en su posición monopólica, pero un servicio irregular las deja legalmente acorraladas si la comunidad sabe cómo actuar.

• Cobrar tarifas con aumentos exponenciales por un servicio deficiente rompe el principio jurídico de "contraprestación adecuada".
• Se exponen a una lluvia de demandas colectivas por daños y perjuicios (lucro cesante de los comerciantes, quema de electrodomésticos de los vecinos) y a sanciones millonarias de los entes reguladores si el municipio, presionado por la calle, decide finalmente actuar en su contra.

En términos estratégicos para el movimiento vecinal: un servicio eléctrico irregular es el peor escenario para trabajar, pero al mismo tiempo es el arma jurídica y política más poderosa que pueden tener. Elimina cualquier defensa moral de la empresa para exigir el cobro de la boleta, justifica de manera absoluta una huelga de pagos o pago en consignación, y obliga a la dirigencia política local a reaccionar por puro instinto de supervivencia 

Apagón en Mar del Tuyú

¿La continuidad del servicio eléctrico está en duda?

La interrupción del suministro eléctrico se produjo durante la tarde de este sábado y alcanzó a una importante zona comercial de la localidad. La falta de energía obligó a pausar las actividades previstas en el escenario de la fiesta, en una jornada de gran movimiento turístico.

 

Un importante sector de Mar del Tuyú sufrió un corte de suministro eléctrico durante la tarde de este sábado, en pleno fin de semana largo. La interrupción del servicio afectó a una amplia zona comercial de la localidad y tuvo repercusiones en el desarrollo de la Fiesta de la Náutica y el Mar.

Como consecuencia del apagón, los organizadores debieron pausar los espectáculos que estaban previstos en el escenario principal, debido a la falta de energía eléctrica.

El corte también se produjo mientras se disputaba el encuentro entre Boca Juniors y Defensa y Justicia, en una jornada de interés para los hinchas y seguidores del fútbol argentino.

La interrupción del suministro generó inconvenientes en una jornada de importante movimiento turístico, con actividad comercial y propuestas recreativas en distintos puntos de la localidad.

El episodio volvió a poner en discusión la continuidad del servicio eléctrico en la región, en medio de los aumentos tarifarios que viene aplicando EDEA. Los usuarios deben afrontar facturas cada vez más elevadas mientras persisten los reclamos por la calidad y la confiabilidad del suministro.

FaroNoticias

Presión ciudadana

Que el silencio del político sea más caro que la solución

Cuando el diálogo institucional se agota y las autoridades eligen la parálisis administrativa, la presión ciudadana debe dejar de ser una simple expresión de queja para convertirse en una estrategia de costos. El objetivo es que mantener la inacción le resulte al funcionario político más costoso (en términos judiciales, económicos y reputacionales) que tomar la decisión de resolver el problema.

                              El silencio de los políticos

El costo del silencio del funcionario debe ser
muy elevado

Para quebrar esta barrera, los mecanismos deben aplicarse de forma combinada y escalonada:

1. La Vía Judicial: Amparo Colectivo y Consignación

Es el mecanismo con mayor impacto real a corto plazo porque saca el problema de la órbita política y obliga a intervenir a un juez, paralizando las acciones del Estado o de las empresas.

• Acción de Amparo con Medida Cautelar: Se presenta ante la Justicia argumentando la confiscatoriedad de las tasas municipales o de los servicios públicos (demostrando que absorben una porción irrazonable de los ingresos). Si el juez dicta la cautelar, frena inmediatamente los cortes de servicio y las ejecuciones fiscales de AFIP o ARBA mientras se discute la cuestión de fondo.
• Pago en Consignación Judicial: Es la evolución de la huelga de pagos. En lugar de simplemente dejar de pagar las tasas (lo que convierte al vecino en un deudor común), el colectivo de comerciantes deposita en una cuenta judicial el monto que consideran legal y razonable (por ejemplo, el valor histórico ajustado por un índice oficial). Esto demuestra buena fe, evita multas por mora maliciosa y desfinancia de golpe al municipio, obligando al Intendente a sentarse a negociar para liberar esos fondos.

2. Presión Legislativa de Exposición (Forzar la Votación)

El objetivo aquí es eliminar el anonimato de los funcionarios y obligarlos a asumir el costo político de su postura frente a la comunidad y sus propios votantes.

• Uso de la Banca del Vecino / Banca Abierta:
   Exigir el uso del espacio ciudadano en el Concejo Deliberante para exponer el inminente colapso de la temporada con datos duros.
• Presentación de un Proyecto de Ordenanza de Emergencia:
  Las firmas (petitorios) no deben ser solo para "pedir que hagan algo", sino para respaldar un proyecto de ordenanza redactado por los propios vecinos (iniciativa popular). Este proyecto debe exigir, por ejemplo, la suspensión temporal de aumentos de tasas comerciales, la eliminación de recargos por mora y la eximición de tasas específicas por 180 días.
• El impacto:
  Al presentar un proyecto formal, el Concejo Deliberante está obligado a tratarlo. Esto fuerza a cada concejal a votar a favor o en contra de los comerciantes y residentes en una sesión pública, dejando un registro nominal que los expone políticamente.

3. Movilización Estratégica y Riesgo Reputacional

Las marchas tradicionales suelen diluirse si no afectan el funcionamiento normal del gobierno. En un municipio turístico a las puertas de la temporada, la vulnerabilidad máxima de la política es la imagen del destino.

• Apagones Simbólicos y Cierres Coordinados:
  En lugar de marchar a la municipalidad un martes al mediodía, un cese de actividades coordinado de todo el sector comercial durante dos horas un fin de semana largo (con cartelería uniforme en todas las vidrieras) genera un impacto visual ineludible.
• Nacionalización del Conflicto:
  Las autoridades locales suelen reaccionar rápido cuando el problema salta a los medios nacionales. Mostrar a La Costa como un municipio "que cierra por tarifas" espanta al turismo, pero sobre todo, destruye la imagen de la gestión local ante el gobierno provincial.

La efectividad no reside en elegir uno solo de estos caminos, sino en cruzarlos: una movilización contundente que acompañe la presentación de un amparo colectivo y exija el tratamiento de una ordenanza de emergencia. 

Un documento sin presión en la calle duerme en un cajón; una marcha sin un documento legal es solo catarsis que el político ignora hasta que la gente se cansa. 

Actitud institucional

¿Por qué los funcionarios actúan así?

En la práctica, estamos ante tres realidades inevitables:

a) El residente de bajos ingresos tiene que optar entre pagar el servicio eléctrico o alimentarse

b) El comerciante ve incrementado sus costos fijos, que lo lleva a trabajar a pérdida.

c) El Municipio se encuentra con la mora en impuestos y tasas y se está desfinanciando

De esta manera el perjuicio es universal en todo el Partido de La Costa y no hay decisiones ejecutivas que encausen el problema. Las instituciones no cumplen con las respuestas que la ciudadanía exige aumentando sus irritación.

Las autoridades han tomado decisiones suicidas para la paz y convivencia de la sociedad.

¿Cuáles son las razones que fundamentan esa actitud irracional?

Lo que desde la calle y el mostrador se percibe como una actitud suicida o irracional, suele responder a una lógica interna de supervivencia política y burocrática. Las autoridades no actúan por simple locura, sino atrapadas en un esquema de incentivos distorsionados y limitaciones estructurales que priorizan la estructura estatal por encima del tejido productivo.

Las razones que explican esta parálisis y falta de respuesta ejecutiva se dividen en cuatro ejes principales:

1.                  La trampa del cortoplacismo fiscal (Lógica extractiva)
Ante la caída de la recaudación y el aumento de sus propios costos operativos, el reflejo natural del Estado (en sus tres niveles) no es achicar su estructura, sino intentar extraer más recursos del sector que aún está en blanco. Al aumentar las tasas para compensar la mora, el municipio entra en un círculo vicioso: presiona a los pocos que pagan hasta empujarlos también a la morosidad o a la quiebra. Es una decisión matemática desesperada para pagar sueldos estatales a fin de mes, ignorando que están destruyendo la base imponible del próximo año.

2.                  Desconexión estructural y asimetría de impacto
Existe una distancia real entre el tiempo de la política y el tiempo de la economía real. El funcionario público tiene su ingreso garantizado a fin de mes, lo que genera un "aislamiento del despacho". Al no sufrir en carne propia el riesgo de quiebra, la obligación de pagar cargas sociales sin tener ventas, o la amenaza de un corte de luz en su domicilio, las autoridades subestiman la velocidad a la que se está rompiendo la cadena de pagos y el nivel real de irritación social.

3.                  Elusión del costo político inmediato
Encausar este problema requiere tomar decisiones drásticas y antipáticas que los políticos evitan a toda costa: recortar drásticamente el gasto público local para bajar tasas, confrontar legal y políticamente con las empresas distribuidoras de energía, o declarar emergencias que exponen el fracaso de su gestión. Prefieren el desgaste silencioso de la comunidad (que cierra locales de a poco) antes que el conflicto abierto y mediático que implica pelear contra el “statu quo”.

4.                  Dependencia y falta de autonomía real
En el caso específico de un municipio, las autoridades locales suelen escudarse en que la política energética y los cuadros tarifarios son resortes provinciales o nacionales. Utilizan esta realidad jurisdiccional como excusa para la inacción total, renunciando a su rol de defensores de los intereses de su comunidad a través de herramientas que sí tienen a mano: exenciones impositivas de emergencia, recursos de amparo colectivos liderados por el Ejecutivo, o la reasignación total del presupuesto para sostener la competitividad turística.

Cuando las instituciones están diseñadas para administrar la normalidad, colapsan frente a crisis sistémicas. Esta incapacidad de adaptación es lo que termina quebrando el contrato social, ya que el ciudadano percibe —con justa razón— que el Estado se ha convertido en un socio parasitario que exige el cumplimiento de obligaciones fiscales sin brindar las condiciones mínimas de supervivencia económica. 

Crisis sistémica, colapso económico local.

Destrucción del modelo económico 
Crisis de subsistencia 

Hasta el momento nadie ha resuelto que se hará con la factura y la población costera se enfrenta con:

1) Paga la factura desorbitada de la electricidad o "come". Recuerde que tenemos bajo promedio de ingresos per cápita.

2) El costo de los servicios asociado a las tasas limita la inversión para el inicio de temporada por lo tanto muchos piensan no abrir en Diciembre o bajar las cortinas esta temporada.

3) Pagan los servicios eléctricos y entran en mora con los impuestos y tasas municipales, provinciales y nacionales

Conclusión 
El esquema tarifario y la presión fiscal actual son matemática y socialmente inviables para el Partido de La Costa, llevando a la comunidad a un escenario inminente de ruptura de la cadena de pagos y colapso económico local.

De los tres puntos expuestos se desprende una reacción en cadena inevitable:

• Destrucción del motor económico:
  Si los altos costos operativos impiden que los comercios y servicios abran durante la temporada de verano, se perderá la principal fuente de ingresos, recaudación y empleo del año. Esto hundirá aún más el ya bajo ingreso per cápita de los residentes locales, generando un efecto multiplicador negativo.
• Desfinanciamiento del propio Estado:
  Al obligar al ciudadano a priorizar el pago del servicio eléctrico para evitar el corte y asegurar la habitabilidad o el funcionamiento comercial, la morosidad masiva en impuestos y tasas municipales, provinciales y nacionales es una consecuencia aritmética. El Estado sufrirá una caída abrupta y generalizada en su recaudación.
• Crisis de subsistencia y confiscatoriedad: Forzar a una población a elegir entre la alimentación básica o el mantenimiento de servicios públicos esenciales demuestra que la tarifa ha cruzado el límite de lo razonable para convertirse en un mecanismo confiscatorio que atenta contra los derechos básicos.

En definitiva: La inacción frente a este cuadro no solo perjudica al vecino individual, sino que garantiza una crisis sistémica. El modelo actual asfixia a quienes deben generar la actividad económica (comerciantes y prestadores turísticos) y a quienes sostienen la comunidad todo el año (residentes), asegurando que, a muy corto plazo, ni las distribuidoras de energía puedan mantener sus cobros, ni el municipio pueda financiarse, ni la población costera logre subsistir.

Conclusión: los costeros no pueden sostener una temporada de turismo de manera competitiva.
Exacto. Esta es la síntesis perfecta del problema de fondo y el mayor riesgo a corto plazo.

En una economía que depende casi exclusivamente de los meses de verano para generar el excedente que permite subsistir el resto del año, los costos fijos desproporcionados destruyen cualquier posibilidad de supervivencia comercial.

El ciclo de la pérdida de competitividad costera:

• El traslado forzoso a precios:
  Para poder cubrir tarifas eléctricas exorbitantes y tasas municipales que no paran de subir, el hotelero, el gastronómico y el comerciante se ven obligados a encarecer sus servicios, perdiendo margen de ganancia.
• La fuga del turista:
  El visitante también llega con el bolsillo golpeado y compara opciones. Si los altos costos operativos obligan a La Costa a tener precios más caros que otros destinos nacionales o incluso países limítrofes (como Brasil o Uruguay), el turista simplemente elegirá vacacionar en otro lado.
• La caída de la calidad:
  Aquellos que intenten no subir los precios para atraer gente, inevitablemente tendrán que recortar en calidad (personal, mantenimiento, servicios), lo que también espanta al turismo a mediano plazo.
• El invierno insostenible:
  Sin una temporada exitosa que genere el "colchón" financiero necesario, los meses de baja actividad serán devastadores, multiplicando los locales cerrados de forma permanente.

Esta conclusión es el argumento económico definitivo para su subsistencia Demuestra que no se trata solo de un problema individual de "no llegar a pagar la boleta del mes", sino de la destrucción de la matriz productiva de todo el distrito. Si los prestadores turísticos no son competitivos y no trabajan, el municipio entero se paraliza.

 

El costo de abrir:

Las tarifas y las tasas están destruyendo la competitividad turística de La Costa

La comunidad costera se encuentra hoy frente a una encrucijada matemática y social que nadie en la administración pública parece estar resolviendo. En los últimos meses, hemos llegado a un punto de quiebre donde la discusión ya no es sobre un simple aumento de servicios, sino sobre la viabilidad misma de nuestro motor económico: la temporada de verano.

Si analizamos la situación actual de los vecinos, comerciantes y prestadores turísticos, el diagnóstico es alarmante y se resume en tres realidades inevitables:

1.     La falsa opción de subsistencia: El residente, con un nivel de ingresos per cápita históricamente bajo, se enfrenta a la decisión extrema de pagar la boleta desorbitada de electricidad para no perder el servicio, o destinar esos fondos a la alimentación básica.

2.      El riesgo de bajar las persianas: El costo fijo operativo, impulsado por el combo de tarifas energéticas impagables y tasas municipales en constante aumento, ha eliminado el margen de inversión. Muchos comerciantes y hoteleros están evaluando seriamente no abrir en diciembre. El riesgo de trabajar a pérdida es demasiado alto.

3.      La ruptura de la cadena de pagos: Ante la amenaza del corte de luz, el ciudadano y el comerciante priorizan el servicio eléctrico. ¿La consecuencia directa? Una entrada masiva en mora con los impuestos y tasas municipales, provinciales y nacionales. El propio Estado está desfinanciando sus arcas al permitir este esquema asfixiante.

La pérdida de nuestra competitividad

De este escenario se desprende una conclusión ineludible: los costeros no pueden sostener una temporada de turismo de manera competitiva.

Nuestra matriz productiva depende casi exclusivamente de los meses de verano para generar el excedente económico que permite sostener la vida en el distrito durante el invierno. Sin embargo, si un hotelero, un gastronómico o un comerciante traslada estos nuevos costos fijos a los precios de mostrador, La Costa queda automáticamente fuera del mercado. El turista, cuyo bolsillo también está golpeado, simplemente elegirá destinos más baratos, cruzando la frontera hacia Brasil o Uruguay, o buscando alternativas nacionales.

Por el contrario, si el prestador decide absorber el costo para no espantar al visitante, terminará liquidando su capital, recortando en calidad de servicio o yendo directamente a la quiebra al finalizar el verano.

Un problema colectivo exige una respuesta colectiva

No estamos frente a un problema individual de "no llegar a fin de mes". Estamos presenciando la destrucción de la cadena de valor turística y comercial del Partido de La Costa. Si los prestadores no son competitivos y los locales no abren, no hay empleo para los residentes, y si no hay empleo, la crisis se profundiza para todos.

Es fundamental entender que este esquema tarifario y fiscal cruzó la línea de lo razonable y se volvió de carácter confiscatorio. Documentar esta realidad, exponer los números y avanzar con los reclamos administrativos correspondientes es la única vía para defender el trabajo y el futuro de nuestra comunidad.

No podemos enfrentar una temporada con las reglas de juego en nuestra contra.

Evolución de los reclamos

Evolución de los reclamos

Los reclamos administrativos y colectivos en el Partido de La Costa por los aumentos en las facturas de EDEA, CESOP y CLYFEMA continúan activos y se han estructurado a través de varias vías institucionales y legales:

Mesa de Trabajo Intersectorial:
Se conformó un espacio de trabajo integrado por vecinos, equipos jurídicos y representantes del municipio para revisar técnicamente los cuadros tarifarios aplicados. El objetivo central es desglosar la facturación para determinar qué cuota de responsabilidad administrativa recae sobre el gobierno nacional, el provincial y las propias prestadoras locales.

Presentaciones ante OCEBA: 
Tras el registro de boletas con saltos desproporcionados (que en algunos casos extremos del partido llegaron a sumar varios millones de pesos), distintos abogados y legisladores locales han canalizado denuncias formales ante el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) buscando impugnar y anular dichas facturaciones.

Descargo de las Cooperativas:
Frente a la presión ciudadana y los recursos presentados, prestadoras como CESOP han tenido que emitir aclaraciones públicas detallando la fórmula técnica con la que determinan sus tarifas. La estrategia de las cooperativas se ha centrado en atribuir el impacto final de los aumentos a la quita de subsidios y a las resoluciones de la Secretaría de Energía, deslindando responsabilidades locales.

Doble imposición de Alumbrado Público (Ley 10.740):
En paralelo, avanza la vía de reclamo por el cobro indebido o duplicado del alumbrado público. Los usuarios mantienen el derecho de exigir el reintegro de lo tributado de manera irregular con una retroactividad de hasta 5 años (teniendo en cuenta que los períodos correspondientes a 2020 ya prescribieron el 1° de enero de 2026).

Mantener un archivo ordenado con el respaldo empírico de cada medidor, el consumo histórico y la normativa municipal vigente sigue siendo la principal herramienta para que las demandas colectivas no sean desestimadas por errores de forma.

La mesa de trabajo intersectorial que se conformó en agosto de 2026, tras las protestas ciudadanas por los fuertes aumentos en la energía, está constituida principalmente por tres actores locales:

Vecinos autoconvocados y usuarios: Representantes de la asamblea ciudadana (que incluye a residentes residenciales, jubilados, comerciantes y prestadores turísticos) que impulsaron las marchas y los primeros reclamos al recibir boletas millonarias.

El Municipio de La Costa (Departamento Ejecutivo):
Autoridades y representantes del gobierno municipal, quienes abrieron este canal de diálogo institucional para mediar en el conflicto y brindar apoyo administrativo ante el impacto de las tarifas.

El Honorable Concejo Deliberante (HCD):
Concejales de los distintos bloques políticos del partido, encargados de aportar el marco legislativo local, evaluar la aplicación de leyes provinciales (como la Ley 10.740 de alumbrado público) y gestionar posibles resoluciones conjuntas.

El objetivo de esta estructura tripartita es unificar los reclamos aislados en un canal institucional más sólido, permitiendo así avanzar de forma conjunta con los pedidos de explicaciones y las denuncias ante las prestadoras (EDEA, CESOP, CLYFEMA) y el organismo de control provincial (OCEBA).
En la práctica:  "No cambiar nada que rompa el "status quo""

Resultado de las gestiones de la mesa de trabajo:

 

Hasta el momento, los resultados de la mesa de trabajo y las gestiones colectivas han tenido un impacto dispar. Se logró un avance judicial clave a nivel provincial, pero el proceso chocó con fuertes demoras institucionales y reticencias de las prestadoras a nivel local.

Aquí está el estado de situación de los reclamos actualizado a noviembre de 2026:

Freno judicial a las cooperativas (Medida Cautelar): El avance más contundente provino de la vía legal. La Justicia bonaerense dictó una cautelar que ordena suspender los aumentos aplicados sobre los componentes provinciales de la tarifa eléctrica. A fines de septiembre, el juzgado emitió una aclaratoria confirmando que este freno alcanza obligatoriamente a las cooperativas (incluyendo a CESOP y CLYFEMA), e intimó a OCEBA a notificarles la medida para que acaten el fallo.

Presentaciones masivas y formales ante OCEBA: La organización vecinal permitió estructurar los reclamos a través de abogados locales (como el Dr. Pablo López), canalizando denuncias formales para exigir la revisión de medidores y la anulación de facturas extremas que, en algunos casos documentados en el partido, llegaron a sumar hasta 7 millones de pesos.

Estancamiento legislativo en el ámbito municipal: A pesar del impulso inicial de la mesa intersectorial, la vía política local perdió fuerza. Durante octubre, asambleas de vecinos denunciaron públicamente que el Honorable Concejo Deliberante (HCD) pasó semanas sin sesionar, dejando trabados los pedidos de informes y las ordenanzas necesarias para presionar y auditar el accionar de las prestadoras.

Continuidad de la presión en calle (Apagones y protestas): Dado que las prestadoras dilatan la refacturación amparándose en el aumento de la energía mayorista nacional, la conformación de la mesa no logró detener el conflicto. Ante la falta de respuestas en los montos de las boletas, los vecinos mantienen las protestas activas en noviembre, organizando "apagones" y manifestaciones presenciales en las puertas de EDEA, CESOP (en San Bernardo) y CLYFEMA (en Mar de Ajó).

En la práctica, la vía institucional sirvió para dar peso a la demanda judicial colectiva que frenó el componente tarifario provincial, pero la falta de agilidad política local y la resistencia de las cooperativas a refacturar obligaron a los residentes a mantener el reclamo directamente en las calles. 

Conclusiones de la mesa de trabajo:
¿Qué pasó con las facturas desorbitadas?

La mesa de trabajo intersectorial no logró la anulación automática de las facturas, pero arrojó conclusiones técnicas y administrativas concretas que reorientaron la estrategia de reclamo de los vecinos y el municipio:

Desglose de la responsabilidad tarifaria:
El análisis técnico confirmó que el impacto central en las boletas proviene de la quita de subsidios nacionales (Secretaría de Energía) y el costo mayorista de la energía.
Se concluyó que las prestadoras locales tienen un margen de maniobra limitado, tal como lo expuso CESOP al aclarar públicamente el mecanismo con el que se determina la tarifa final. Esto desarticuló la idea de que el problema podía resolverse exclusivamente con una decisión del Ejecutivo municipal

Los ciudadanos costeros llegaron a otra conclusión:
“No tenemos margen de maniobra, “Pagamos la electricidad o comemos”

Derivación obligada a la Justicia (Amparos):

Ante la imposibilidad del municipio de emitir un decreto que congele cuadros tarifarios de jurisdicción provincial y nacional, la mesa resolvió que la vía más viable era dar respaldo político e institucional a la presentación de medidas cautelares y amparos colectivos en la Justicia bonaerense.

Auditoría de anomalías a través de OCEBA:

Se dictaminó separar la queja general por el aumento de los casos empíricos de "facturación anómala" (saltos inexplicables de consumo histórico o boletas desproporcionadas).

La conclusión fue que el municipio no tiene potestad auditora sobre los medidores, por lo que todos los expedientes deben ser denunciados y canalizados formalmente ante el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

Revisión de la carga impositiva municipal: Quedó asentado el compromiso para que el Concejo Deliberante (HCD) analice la incidencia de los tributos locales dentro de la misma factura, puntualmente el cobro del Alumbrado Público bajo la Ley 10.740. El objetivo planteado fue buscar mecanismos legislativos para evitar la doble imposición o aliviar el peso impositivo local, aunque su tratamiento legislativo posterior sufrió demoras.

En términos prácticos, el espacio funcionó para blanquear los datos regulatorios y demostrar que la solución de fondo escapaba a la lapicera local, derivando la carga del conflicto hacia el fuero judicial y el ente regulador provincial.

 

Conclusión práctica:

Pérdida de tiempo absoluto, sin cambios en las facturas. El ciudadano costero carece de respuesta clara y efectiva.
Todas las instituciones dieron “largas” al problema. “Cuando no quieres resolver un problema, arma una Comisión”
Nos empujan a tomar las calles al grito de:

“EXIGIMOS SOLUCIONES YA”