Instituciones y funcionarios infames sin pudor
La crisis de previsibilidad frente a la temporada 2026/2027
evidencia una falla estructural de gobernanza en la que los organismos
de control, la administración provincial y las gestiones locales priorizan la
contención fiscal inmediata por sobre la viabilidad de la economía regional.
El aspecto más crítico en el desempeño de las instituciones
involucradas es la desconexión temporal entre la burocracia estatal y la
economía real. Fijar la Revisión Tarifaria Integral para mediados de
diciembre —cuando la temporada turística ya está en marcha, los precios de
alquileres y servicios fueron pactados y las estructuras de costos están
cerradas— demuestra una marcada imprevisión estratégica hacia los municipios
costeros, cuya sustentabilidad anual se define en esos tres meses.
En segundo lugar, se observa una degradación del marco
regulatorio por sobrejudicialización. La secuencia recurrente de
resoluciones emitidas omitiendo instancias de participación ciudadana, seguidas
por cautelares de primera instancia y posteriores revocaciones en Cámara,
convierte a la tarifa de un servicio público en una lotería de fallos. Las
instituciones encargadas de fiscalizar (como el OCEBA) terminan cediendo su rol
técnico a la disputa judicial, despojando al mercado local de la seguridad
jurídica mínima requerida para invertir o contratar personal.
Por último, persiste una falta de transparencia en la
arquitectura tributaria, donde el Estado —en sus diversos niveles— sigue
utilizando la boleta de luz como un mecanismo compulsivo de recaudación para
cargas y tasas desconectadas del consumo directo. Al empaquetar ineficiencias
de recaudación dentro de la factura eléctrica, los funcionarios eluden asumir
el costo político de cobrar sus tributos por las vías correspondientes,
trasladando todo el riesgo financiero al comercio y al usuario residencial.
En conjunto, la actuación de las autoridades responsables se
caracteriza por la reactividad, la falta de planificación regional y la
desarticulación institucional, transformando lo que debería ser una
discusión técnica sobre costos de distribución en un factor de paralización
económica para la región.
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