Riesgo operativo temporada 26/27

La situación judicial ha tenido novedades recientes, pero lamentablemente representan un revés para los reclamos de los usuarios frente a los aumentos de EDEA.

A fines de octubre de 2026, la justicia bonaerense revirtió el freno a los aumentos tarifarios, permitiendo que las facturas se sigan cobrando con los cuadros actualizados. El proceso se dio de la siguiente manera:

• El freno inicial (Septiembre 2026): En respuesta a los reclamos y presentaciones administrativas (como las impulsadas por vecinos y agrupaciones en la Costa Atlántica), un fallo de primera instancia había suspendido la Resolución 585/2026. La justicia consideró que la Provincia aprobó las subas sin realizar las audiencias públicas correspondientes, ordenando a EDEA retrotraer los valores y devolver lo cobrado de más.

• La revocación (21 de Octubre de 2026): El gobierno provincial, a través de la Fiscalía de Estado, apeló la medida argumentando que suspender los cobros ponía en riesgo la continuidad del suministro eléctrico y el capital de las concesionarias. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata le dio la razón a la Provincia y levantó la cautelar.

¿Qué significa esto para las próximas boletas? Actualmente, EDEA está legalmente habilitada para facturar con los aumentos aplicados. Sin embargo, la Cámara aclaró que esta decisión no resuelve la "cuestión de fondo" sobre la legalidad del cuadro tarifario. La definición final quedará pendiente hasta que se realice la audiencia pública para la Revisión Tarifaria Integral, que el gobierno provincial programó para mediados de diciembre de 2026.

Por otro carril avanza la disputa sobre las tasas municipales (como el alumbrado público): la Procuración General de la Nación ya dictaminó a favor de la prohibición de cobrarlas en la boleta de luz, y ahora se espera que la Corte Suprema de Justicia dicte el fallo definitivo que obligaría a los municipios a desenganchar esos cobros de la factura eléctrica.

La indefinición sobre el costo real de la energía impacta de lleno en la estructura de costos de cualquier emprendimiento, y el timing judicial representa el peor escenario posible al coincidir exactamente con los meses de planificación para la temporada alta.

Cuando un prestador turístico o comercial no puede proyectar su principal costo operativo —después de los salarios y alquileres—, el mercado local reacciona con parálisis o con estrategias defensivas que terminan dañando la economía de la región:

• Fijación de precios a ciegas: La hotelería, la gastronomía y los balnearios deben definir hoy las tarifas para enero y febrero. Sin un cuadro tarifario eléctrico firme, se ven forzados a sobreestimar el costo de la energía para cubrirse (perdiendo competitividad frente a otros destinos turísticos) o a trabajar a ciegas, asumiendo el riesgo de operar a pérdida si la resolución final convalida aumentos drásticos.
• Retracción en contrataciones: La firma de contratos para locales comerciales y la contratación de personal temporario se ralentizan hasta que los inversores puedan calcular la verdadera viabilidad y rentabilidad de abrir durante el verano.
• Freno a la infraestructura comercial: Las inversiones de capital en equipamiento de alto consumo (nuevas cámaras frigoríficas, actualización de sistemas de aire acondicionado, maquinaria gastronómica) se suspenden hasta que haya previsibilidad sobre el costo de mantenerlos encendidos.

El hecho de que la Revisión Tarifaria Integral y la decisión judicial de fondo queden postergadas para mediados de diciembre significa que las reglas del juego se establecerán con la temporada ya en marcha. Esta falta de previsibilidad jurídica transfiere todo el riesgo operativo directamente a los comerciantes, pymes y emprendedores locales.