Evolución de los reclamos

Evolución de los reclamos

Los reclamos administrativos y colectivos en el Partido de La Costa por los aumentos en las facturas de EDEA, CESOP y CLYFEMA continúan activos y se han estructurado a través de varias vías institucionales y legales:

Mesa de Trabajo Intersectorial:
Se conformó un espacio de trabajo integrado por vecinos, equipos jurídicos y representantes del municipio para revisar técnicamente los cuadros tarifarios aplicados. El objetivo central es desglosar la facturación para determinar qué cuota de responsabilidad administrativa recae sobre el gobierno nacional, el provincial y las propias prestadoras locales.

Presentaciones ante OCEBA: 
Tras el registro de boletas con saltos desproporcionados (que en algunos casos extremos del partido llegaron a sumar varios millones de pesos), distintos abogados y legisladores locales han canalizado denuncias formales ante el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) buscando impugnar y anular dichas facturaciones.

Descargo de las Cooperativas:
Frente a la presión ciudadana y los recursos presentados, prestadoras como CESOP han tenido que emitir aclaraciones públicas detallando la fórmula técnica con la que determinan sus tarifas. La estrategia de las cooperativas se ha centrado en atribuir el impacto final de los aumentos a la quita de subsidios y a las resoluciones de la Secretaría de Energía, deslindando responsabilidades locales.

Doble imposición de Alumbrado Público (Ley 10.740):
En paralelo, avanza la vía de reclamo por el cobro indebido o duplicado del alumbrado público. Los usuarios mantienen el derecho de exigir el reintegro de lo tributado de manera irregular con una retroactividad de hasta 5 años (teniendo en cuenta que los períodos correspondientes a 2020 ya prescribieron el 1° de enero de 2026).

Mantener un archivo ordenado con el respaldo empírico de cada medidor, el consumo histórico y la normativa municipal vigente sigue siendo la principal herramienta para que las demandas colectivas no sean desestimadas por errores de forma.

La mesa de trabajo intersectorial que se conformó en agosto de 2026, tras las protestas ciudadanas por los fuertes aumentos en la energía, está constituida principalmente por tres actores locales:

Vecinos autoconvocados y usuarios: Representantes de la asamblea ciudadana (que incluye a residentes residenciales, jubilados, comerciantes y prestadores turísticos) que impulsaron las marchas y los primeros reclamos al recibir boletas millonarias.

El Municipio de La Costa (Departamento Ejecutivo):
Autoridades y representantes del gobierno municipal, quienes abrieron este canal de diálogo institucional para mediar en el conflicto y brindar apoyo administrativo ante el impacto de las tarifas.

El Honorable Concejo Deliberante (HCD):
Concejales de los distintos bloques políticos del partido, encargados de aportar el marco legislativo local, evaluar la aplicación de leyes provinciales (como la Ley 10.740 de alumbrado público) y gestionar posibles resoluciones conjuntas.

El objetivo de esta estructura tripartita es unificar los reclamos aislados en un canal institucional más sólido, permitiendo así avanzar de forma conjunta con los pedidos de explicaciones y las denuncias ante las prestadoras (EDEA, CESOP, CLYFEMA) y el organismo de control provincial (OCEBA).
En la práctica:  "No cambiar nada que rompa el "status quo""

Resultado de las gestiones de la mesa de trabajo:

 

Hasta el momento, los resultados de la mesa de trabajo y las gestiones colectivas han tenido un impacto dispar. Se logró un avance judicial clave a nivel provincial, pero el proceso chocó con fuertes demoras institucionales y reticencias de las prestadoras a nivel local.

Aquí está el estado de situación de los reclamos actualizado a noviembre de 2026:

Freno judicial a las cooperativas (Medida Cautelar): El avance más contundente provino de la vía legal. La Justicia bonaerense dictó una cautelar que ordena suspender los aumentos aplicados sobre los componentes provinciales de la tarifa eléctrica. A fines de septiembre, el juzgado emitió una aclaratoria confirmando que este freno alcanza obligatoriamente a las cooperativas (incluyendo a CESOP y CLYFEMA), e intimó a OCEBA a notificarles la medida para que acaten el fallo.

Presentaciones masivas y formales ante OCEBA: La organización vecinal permitió estructurar los reclamos a través de abogados locales (como el Dr. Pablo López), canalizando denuncias formales para exigir la revisión de medidores y la anulación de facturas extremas que, en algunos casos documentados en el partido, llegaron a sumar hasta 7 millones de pesos.

Estancamiento legislativo en el ámbito municipal: A pesar del impulso inicial de la mesa intersectorial, la vía política local perdió fuerza. Durante octubre, asambleas de vecinos denunciaron públicamente que el Honorable Concejo Deliberante (HCD) pasó semanas sin sesionar, dejando trabados los pedidos de informes y las ordenanzas necesarias para presionar y auditar el accionar de las prestadoras.

Continuidad de la presión en calle (Apagones y protestas): Dado que las prestadoras dilatan la refacturación amparándose en el aumento de la energía mayorista nacional, la conformación de la mesa no logró detener el conflicto. Ante la falta de respuestas en los montos de las boletas, los vecinos mantienen las protestas activas en noviembre, organizando "apagones" y manifestaciones presenciales en las puertas de EDEA, CESOP (en San Bernardo) y CLYFEMA (en Mar de Ajó).

En la práctica, la vía institucional sirvió para dar peso a la demanda judicial colectiva que frenó el componente tarifario provincial, pero la falta de agilidad política local y la resistencia de las cooperativas a refacturar obligaron a los residentes a mantener el reclamo directamente en las calles. 

Conclusiones de la mesa de trabajo:
¿Qué pasó con las facturas desorbitadas?

La mesa de trabajo intersectorial no logró la anulación automática de las facturas, pero arrojó conclusiones técnicas y administrativas concretas que reorientaron la estrategia de reclamo de los vecinos y el municipio:

Desglose de la responsabilidad tarifaria:
El análisis técnico confirmó que el impacto central en las boletas proviene de la quita de subsidios nacionales (Secretaría de Energía) y el costo mayorista de la energía.
Se concluyó que las prestadoras locales tienen un margen de maniobra limitado, tal como lo expuso CESOP al aclarar públicamente el mecanismo con el que se determina la tarifa final. Esto desarticuló la idea de que el problema podía resolverse exclusivamente con una decisión del Ejecutivo municipal

Los ciudadanos costeros llegaron a otra conclusión:
“No tenemos margen de maniobra, “Pagamos la electricidad o comemos”

Derivación obligada a la Justicia (Amparos):

Ante la imposibilidad del municipio de emitir un decreto que congele cuadros tarifarios de jurisdicción provincial y nacional, la mesa resolvió que la vía más viable era dar respaldo político e institucional a la presentación de medidas cautelares y amparos colectivos en la Justicia bonaerense.

Auditoría de anomalías a través de OCEBA:

Se dictaminó separar la queja general por el aumento de los casos empíricos de "facturación anómala" (saltos inexplicables de consumo histórico o boletas desproporcionadas).

La conclusión fue que el municipio no tiene potestad auditora sobre los medidores, por lo que todos los expedientes deben ser denunciados y canalizados formalmente ante el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

Revisión de la carga impositiva municipal: Quedó asentado el compromiso para que el Concejo Deliberante (HCD) analice la incidencia de los tributos locales dentro de la misma factura, puntualmente el cobro del Alumbrado Público bajo la Ley 10.740. El objetivo planteado fue buscar mecanismos legislativos para evitar la doble imposición o aliviar el peso impositivo local, aunque su tratamiento legislativo posterior sufrió demoras.

En términos prácticos, el espacio funcionó para blanquear los datos regulatorios y demostrar que la solución de fondo escapaba a la lapicera local, derivando la carga del conflicto hacia el fuero judicial y el ente regulador provincial.

 

Conclusión práctica:

Pérdida de tiempo absoluto, sin cambios en las facturas. El ciudadano costero carece de respuesta clara y efectiva.
Todas las instituciones dieron “largas” al problema. “Cuando no quieres resolver un problema, arma una Comisión”
Nos empujan a tomar las calles al grito de:

“EXIGIMOS SOLUCIONES YA”