Actitud institucional

¿Por qué los funcionarios actúan así?

En la práctica, estamos ante tres realidades inevitables:

a) El residente de bajos ingresos tiene que optar entre pagar el servicio eléctrico o alimentarse

b) El comerciante ve incrementado sus costos fijos, que lo lleva a trabajar a pérdida.

c) El Municipio se encuentra con la mora en impuestos y tasas y se está desfinanciando

De esta manera el perjuicio es universal en todo el Partido de La Costa y no hay decisiones ejecutivas que encausen el problema. Las instituciones no cumplen con las respuestas que la ciudadanía exige aumentando sus irritación.

Las autoridades han tomado decisiones suicidas para la paz y convivencia de la sociedad.

¿Cuáles son las razones que fundamentan esa actitud irracional?

Lo que desde la calle y el mostrador se percibe como una actitud suicida o irracional, suele responder a una lógica interna de supervivencia política y burocrática. Las autoridades no actúan por simple locura, sino atrapadas en un esquema de incentivos distorsionados y limitaciones estructurales que priorizan la estructura estatal por encima del tejido productivo.

Las razones que explican esta parálisis y falta de respuesta ejecutiva se dividen en cuatro ejes principales:

1.                  La trampa del cortoplacismo fiscal (Lógica extractiva)
Ante la caída de la recaudación y el aumento de sus propios costos operativos, el reflejo natural del Estado (en sus tres niveles) no es achicar su estructura, sino intentar extraer más recursos del sector que aún está en blanco. Al aumentar las tasas para compensar la mora, el municipio entra en un círculo vicioso: presiona a los pocos que pagan hasta empujarlos también a la morosidad o a la quiebra. Es una decisión matemática desesperada para pagar sueldos estatales a fin de mes, ignorando que están destruyendo la base imponible del próximo año.

2.                  Desconexión estructural y asimetría de impacto
Existe una distancia real entre el tiempo de la política y el tiempo de la economía real. El funcionario público tiene su ingreso garantizado a fin de mes, lo que genera un "aislamiento del despacho". Al no sufrir en carne propia el riesgo de quiebra, la obligación de pagar cargas sociales sin tener ventas, o la amenaza de un corte de luz en su domicilio, las autoridades subestiman la velocidad a la que se está rompiendo la cadena de pagos y el nivel real de irritación social.

3.                  Elusión del costo político inmediato
Encausar este problema requiere tomar decisiones drásticas y antipáticas que los políticos evitan a toda costa: recortar drásticamente el gasto público local para bajar tasas, confrontar legal y políticamente con las empresas distribuidoras de energía, o declarar emergencias que exponen el fracaso de su gestión. Prefieren el desgaste silencioso de la comunidad (que cierra locales de a poco) antes que el conflicto abierto y mediático que implica pelear contra el “statu quo”.

4.                  Dependencia y falta de autonomía real
En el caso específico de un municipio, las autoridades locales suelen escudarse en que la política energética y los cuadros tarifarios son resortes provinciales o nacionales. Utilizan esta realidad jurisdiccional como excusa para la inacción total, renunciando a su rol de defensores de los intereses de su comunidad a través de herramientas que sí tienen a mano: exenciones impositivas de emergencia, recursos de amparo colectivos liderados por el Ejecutivo, o la reasignación total del presupuesto para sostener la competitividad turística.

Cuando las instituciones están diseñadas para administrar la normalidad, colapsan frente a crisis sistémicas. Esta incapacidad de adaptación es lo que termina quebrando el contrato social, ya que el ciudadano percibe —con justa razón— que el Estado se ha convertido en un socio parasitario que exige el cumplimiento de obligaciones fiscales sin brindar las condiciones mínimas de supervivencia económica.