Los “Chocolates” se multiplican; el silencio indigesta
La aparición de un nuevo escándalo en la Legislatura
bonaerense vuelve a poner en evidencia una realidad institucional
alarmante. El mecanismo que quedó expuesto con Julio “Chocolate” Rigau
en la Cámara de Diputados no sería un caso aislado de corrupción, sino
una práctica extendida durante años. Ahora, las sospechas se concentran en el Senado
provincial, donde se investiga a 39 empleados cuyos salarios habrían
terminado en manos de terceros.
Lamentablemente, las similitudes con el caso Rigau no hacen
más que profundizar el descrédito de un cuerpo cuyos integrantes no fueron
elegidos para cometer delitos, sino para mejorar la vida de los ciudadanos
mediante la sanción de leyes impostergables.
En el caso del Senado, se investiga a personas incorporadas
formalmente a la estructura legislativa que figuraban como titulares de
tarjetas de débito, pero no percibían sus sueldos. A cambio, contaban
con cobertura de obra social y aportes jubilatorios. Dos presuntos
“recaudadores”, Hugo Santiago Muguerza y María Josefina Ortellado,
quedaron bajo investigación por retirar dinero de esas cuentas mediante
operaciones en cajeros automáticos de La Plata.
La Justicia investiga si se ha cometido delito de peculado (delito que consiste en el hurto de caudales del erario, cometido por aquel a quien está confiada su administración), con un perjuicio para las arcas públicas de alrededor de 300 millones de pesos. El interrogante central, tal como ocurre con el caso Rigau -hoy detenido-, es quiénes se beneficiaban con el dinero y qué dirigentes, funcionarios o estructuras político-partidarias sostuvieron ese espurio mecanismo.
Diez exsenadores provinciales ya declararon como testigos y
se desligaron de los nombramientos investigados. Todos afirmaron no conocer a
los titulares de las tarjetas. También se les consultó por el procedimiento de
designación de personal, que contempla cupos para conformar equipos
legislativos. Sus testimonios deberán evaluarse junto con otras pruebas.
Se aguarda un peritaje económico que podría aportar indicios
sobre transferencias anteriores al descubrimiento de la trama y ayudar a
determinar el destino de los fondos. También queda pendiente el análisis
de un teléfono celular al que los peritos todavía no lograron acceder.
No es un dato menor que el fiscal Juan Mennucci haya
esperado a que vencieran sus mandatos legislativos antes de convocarlos. Todo
indica que lo ha hecho para evitar que el Senado pudiera interponer un trámite
interno de desautorización, impidiendo así que sus integrantes fueran a dar
testimonio ante la Justicia. El reglamento de la Cámara alta establece que
determinados requerimientos de otros poderes relacionados con la función de
senadores deben contar con una resolución favorable del cuerpo, un verdadero
seguro de impunidad. De más está decir que los estatutos legislativos, los
fueros y las formalidades institucionales no fueron creados para obstaculizar
el esclarecimiento de hechos que comprometen recursos de todos.
En el caso Rigau, la Cámara baja protagonizó recientemente una
escandalosa maniobra para negarle a la Justicia documentación que había
solicitado con el fin de identificar a los responsables de las designaciones.
Mediante una votación expeditiva, mezclada con numerosas resoluciones
administrativas, la amplísima mayoría de los legisladores resolvió archivar las
actuaciones. El juez de Garantías Guillermo Atencio denunció a las
autoridades de la Cámara por considerar que esa decisión podía implicar ocultamiento
de pruebas y entorpecimiento de la investigación.
Aquello no fue una mera controversia burocrática. Fue una
señal más de alarma sobre el funcionamiento de las instituciones y la renuencia
de sus integrantes a colaborar con el esclarecimiento de un posible delito.
La Justicia sospecha hoy que los mecanismos destinados a
fabricar empleados ñoquis o de hacerse de parte de lo percibido como sueldos
estatales viene funcionando desde hace unos 15 años. Si esa hipótesis se
confirma, estaríamos ante una práctica que atravesó diferentes gobiernos,
autoridades parlamentarias y partidos políticos. Eso obliga a examinar
responsabilidades más allá de una gestión determinada y de los nombres que hoy
aparecen en la investigación.
Quizá allí se encuentre una explicación para un silencio
político tan extendido como significativo. Cuando las sospechas amenazan
con alcanzar a dirigentes de distintos espacios, la frontera entre oficialismo
y oposición parece desdibujarse y emerge una suerte de omertá legislativa.
Nadie pregunta demasiado, nadie exige explicaciones con suficiente firmeza y
nadie parece dispuesto a asumir el costo de remover una estructura que podría
comprometer intereses compartidos. El silencio no demuestra culpabilidad, pero
sostenerlo profundiza las sospechas de complicidades.
El desprecio por el voto ciudadano se manifiesta
precisamente en esa distancia entre la representación que se proclama y el uso
que en muchos casos se hace de los recursos públicos. Quienes llegan a sus
bancas mediante el sufragio reciben un mandato para legislar y controlar al
poder, no para convertir los cargos, los salarios y las estructuras
administrativas en herramientas de beneficio particular. Cada peso
desviado es dinero que deja de estar disponible para atender necesidades de los
bonaerenses.
La basura debajo de la alfombra no desaparece porque una
mayoría vote archivar papeles ni porque los dirigentes elijan callar. Si
durante años hubo recursos públicos que circularon por canales ajenos a su
finalidad, la sociedad tiene derecho a saber quiénes lo hicieron posible y
quiénes se beneficiaron. La Justicia debe llegar hasta el fondo y dictar las
condenas que correspondan.
Ningún acuerdo tácito puede estar por encima de
la ley ni del derecho de los ciudadanos a conocer la verdad y exigir justicia.
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