El problema no queda encapsulado en esa manzana de La Plata en la que funciona la Legislatura. Hay una conexión, que muchas veces cuesta identificar, entre los desmanejos de ese poder del Estado y la corrupción general que se ha enquistado en sectores de la política. ¿Cuánta distancia hay entre “la caja” que alimentaba Chocolate Rigau y el vestidor lleno de dólares de Insaurralde y Cirio? Es una pregunta que todavía la Justicia no ha logrado contestar. ¿Qué parentesco cultural existe entre el ocultamiento de pruebas en la Legislatura y las maniobras para ocultar el viaje en avión privado a Barbados de una senadora provincial, como es Malena Galmarini, junto a su marido, Sergio Massa? Detrás de todo eso hay, además, un modelo que irradia hacia la sociedad. ¿Qué idea de trabajo y de militancia se les propone a esos “contratados” cuyas tarjetas de débito manejaba Chocolate? ¿Se les promete que un día se jubilarán de ñoquis?
Hay otras preguntas que la política bonaerense no responde: ¿qué relación hay entre el despilfarro presupuestario de la Legislatura y la falta de tomógrafos en los hospitales o los patrulleros rotos en el conurbano? Una vicepresidencia en el palacio legislativo maneja más recursos que un distrito pobre del Gran Buenos Aires. Quizá sea eso lo que explica que el eterno intendente de José C. Paz, Mario Ishii, se haya tomado una licencia en el municipio que maneja desde hace 17 años para asumir como vicepresidente primero del Senado provincial.
Flavia Delmonte, exsenadora provincial de la UCR por la Quinta Sección Electoral, enfrenta una causa penal por presunta defraudación al Estado mediante la contratación de "empleados fantasma" en la Legislatura bonaerense.
El mecanismo de desvío:
La Justicia determinó que Delmonte nombraba asesores en el Senado bonaerense para luego quedarse con la totalidad o una gran parte de sus salarios. Pruebas informáticas: La investigación rastreó que Delmonte y su asesor Kevin Razimoff manejaban directamente las cuentas sueldo de los supuestos asesores. La fiscalía comprobó que operaban el homebanking de la principal denunciante (Tamara Yanina Arce) utilizando el usuario “flaviadelmonte2015” desde computadoras ubicadas en el Senado, en Gonnet y en domicilios particulares de San Bernardo.
Protección legislativa: El Juzgado de Garantías de Dolores pidió el desafuero de la senadora a principios de 2024, pero el Senado bonaerense ignoró el requerimiento durante más de 15 meses. En septiembre de 2026, trascendió que la Legislatura archivó en secreto expedientes que contenían pruebas sobre las designaciones fraudulentas, lo que trabó la investigación.
Avance judicial: En julio de 2025, la fiscalía pidió enviar a juicio oral a uno de los asesores involucrados. Paralelamente, al finalizar su mandato en diciembre de 2025, Delmonte perdió su inmunidad y sus fueros, permitiendo que la causa finalmente avance sobre ella y sobre otros dirigentes salpicados en la investigación, como la concejala marplatense Marianela Romero.
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