Las tarifas eléctricas son objetables.

Aumentos jurídicamente objetables

Formalmente, los incrementos tarifarios en la provincia de Buenos Aires se instrumentan a través del circuito administrativo preestablecido en el marco regulatorio (es decir, mediante resoluciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y cálculos técnicos del OCEBA, basándose en la Ley provincial N° 11.769).

Sin embargo, su legitimidad jurídica ha sido cuestionada y frenada en la Justicia debido a la falta de cumplimiento de recaudos esenciales exigidos por las normas constitucionales y de defensa del consumidor.

Los puntos clave que explican esta controversia legal y normativa son los siguientes:

• El circuito formal administrativo: Desde una perspectiva estrictamente burocrática, los aumentos se aprueban mediante resoluciones ministeriales y ajustes en el Valor Agregado de Distribución (VAD), sumados al traslado de los precios mayoristas definidos a nivel nacional. Las empresas distribuidoras y el organismo de control (OCEBA) participan en la confección de estos nuevos cuadros tarifarios.
• El cuestionamiento por la falta de Audiencias Públicas: El punto crítico de discusión sobre la legalidad de los aumentos radica en la omisión de audiencias públicas previas. Diferentes fallos judiciales —como medidas cautelares impulsadas por la Defensoría del Pueblo de la Provincia— han suspendido subas tarifarias al advertir que no se realizaron las convocatorias obligatorias para garantizar el derecho a la información y participación de los usuarios.
• El uso prolongado de la "Tarifa de Transición": La Justicia ha señalado que sostener aumentos continuos bajo el argumento de esquemas de "transición" por tiempo indefinido desnaturaliza los procedimientos legales previstos en los marcos regulatorios y vulnera principios constitucionales básicos en materia de servicios públicos.

En resumen, aunque cuentan con los decretos y resoluciones administrativas del Ejecutivo provincial para su aplicación formal, los aumentos han enfrentado fuertes reparos y suspensiones en el plano judicial precisamente por apartarse de exigencias legales sustanciales, como la debida participación ciudadana a través de audiencias públicas.