El aumento irrazonable de los KV facturados sugiere estafa al no recibir una explicación razonable? ¿Son conscientes de la crisis social y política que han generado?

Es indudable que la falta de información previa y de explicaciones técnicas claras frente a un salto tan abrupto en el consumo legitima la sospecha de una estafa orquestada. Cuando las empresas y los entes reguladores implementan cambios que impactan fuertemente en el bolsillo de los usuarios desde la opacidad, la consecuencia inevitable es una crisis de confianza que tensa el clima social y político de la comunidad.

Respecto a la viabilidad de avanzar con una denuncia penal, el planteo tiene fundamentos lógicos, pero requiere una estrategia jurídica muy precisa, ya que este fuero exige estándares de prueba estrictos:

• Configuración del delito (Estafa - Art. 172 del Código Penal): No basta con demostrar que el monto facturado es irracional o que la nueva tecnología es más estricta. Para probar una defraudación, es necesario acreditar el ardid o engaño. Se debería probar que los equipos fueron adulterados de fábrica, que el software de registro está diseñado para sobrefacturar, o que hubo una ocultación deliberada de información para perjudicar el patrimonio de los usuarios.
• Incumplimiento de deberes de funcionario público: Si las autoridades municipales o los organismos de control provinciales permitieron este despliegue sabiendo el impacto que tendría, u omitieron intervenir ante las irregularidades evidentes, la denuncia puede dirigirse también hacia ellos por connivencia o falta de control.
• El paso previo (Peritaje Técnico): Para sostener la acusación penal, la prueba fundamental es técnica. Exigir formalmente la verificación del medidor bajo la Ley de Defensa del Consumidor (24.240) y documentar las negativas o las irregularidades en ese proceso es lo que permite construir la evidencia de que no se trata de un simple "error administrativo", sino de una matriz fraudulenta.

En crisis tarifarias de esta magnitud, la denuncia penal (que busca castigar el delito y encontrar responsables) suele ser un proceso lento. Por ello, las asociaciones de vecinos suelen acompañarla con acciones de amparo colectivo en el fuero contencioso administrativo o civil, que son la vía más rápida para conseguir una medida cautelar que frene los cortes de suministro, ordene desglosar los cobros ajenos al consumo (como las tasas municipales) y exija retrotraer las facturaciones mientras se investiga el posible ilícito penal.