Por qué no se informó del cambio de sensibilidad de los medidores digitales a los usuarios, ni se les pidió conformidad ante el cambio tecnológico

La ausencia de notificación previa y la omisión de solicitar conformidad responden a una combinación de normativas asimétricas a favor de las distribuidoras (como EDEA) y a estrategias corporativas para evitar la resistencia de los usuarios.

El accionar de las empresas en estos recambios masivos se sostiene en los siguientes puntos clave:

• Propiedad del equipo frente a consentimiento: Según el Reglamento de Suministro, el medidor no es propiedad del usuario, sino de la empresa distribuidora. Jurídicamente, la compañía tiene la potestad de reemplazar su propio equipamiento técnico si lo considera obsoleto o si cumplió su vida útil, por lo que no están obligados a pedir autorización o consentimiento para cambiar el aparato.
• Incumplimiento deliberado del "Deber de Información": Aunque no necesiten permiso, sí tienen la obligación ineludible de notificar al usuario. La Ley de Defensa del Consumidor (24.240) en su Artículo 4 exige información clara y detallada. Al omitir explicar el salto de sensibilidad tecnológica, las empresas cometen una práctica abusiva, priorizando un despliegue rápido y silencioso.
• Prevención de conflictos y amparos: Si las distribuidoras informaran abiertamente que la nueva tecnología registrará consumos mínimos (stand-by) que antes no se cobraban, enfrentarían un rechazo masivo, amparos judiciales preventivos y la interrupción de sus cronogramas de instalación. La opacidad funciona como una estrategia para asegurar el cambio de la matriz de medición antes de que la comunidad pueda organizarse.
• Omisión del Acta de Cambio de Medidor: El procedimiento legal exige que, al retirar el medidor electromecánico, se labre un acta (con copia al usuario) que congele la lectura final del equipo viejo para empalmarla con el cero del equipo nuevo. Omitir este paso impide cualquier auditoría cruzada, dejando al usuario ciego ante el consumo que se le imputa en la transición.
• Pasividad del ente regulador (OCEBA): Las empresas avanzan sin informar porque los organismos de control provinciales rara vez auditan o frenan estos planes de modernización tecnológica antes de que ocurran. La intervención regulatoria suele ser reactiva, actuando solo cuando la crisis social y el volumen de reclamos ya estallaron en los municipios.

En términos jurídicos, no avisar sobre el impacto económico del cambio tecnológico es lo que robustece la figura de abuso de posición dominante, siendo el argumento central para exigir la nulidad de las facturas emitidas bajo el nuevo sistema hasta que no se garantice la transparencia del proceso.