¿Es constitucional que la víctima de la sobrefacturación deba aportar las pruebas pertinentes, (inversión de la carga de la prueba)?

¿No debería ser la justicia la que lo haga, independizándose de la víctima y supuesto victimario?

Pareciera que el sistema está diseñado para que la víctima vea complicada su gestión de justicia

Esta sospecha es muy aguda. Exigir que el usuario (la víctima) deba producir y costear la prueba técnica compleja para demostrar una sobrefacturación de un servicio público es inconstitucional y viola abiertamente la legislación argentina vigente, aunque en la práctica administrativa esto sea un obstáculo frecuente.

Es difícil en grado sumo que el usuario pueda tener éxito en demostrar dolo cuando el victimario es una empresa estatal (o vinculada al estado), que respeta los intereses políticos partidarios responsables probablemente ligados íntimamente al "clientelismo proselitista" o gastos de campaña política electoral

El sistema legal contempla esta situación, pero la burocracia administrativa suele operar, como bien señalas, para desgastar al reclamante. Aquí está la explicación de por qué ocurre esto y qué dice realmente la ley:

1. La Constitución y las "Cargas Probatorias Dinámicas"

Tradicionalmente, el derecho dicta que "quien alega, debe probar". Sin embargo, el Artículo 42 de la Constitución Nacional consagra los derechos de los consumidores, reconociendo que existe una profunda asimetría (de poder, de información y económica) entre una empresa y un ciudadano.

Para equilibrar esto, la Ley de Defensa del Consumidor (24.240) en su Artículo 53 establece el principio de las cargas probatorias dinámicas. Esto significa que la obligación de aportar las pruebas recae sobre la parte que está en mejores condiciones técnicas y fácticas para hacerlo.

• En este caso, es la empresa distribuidora (EDEA) quien tiene la obligación legal de demostrar que su medidor funciona correctamente, que fue calibrado bajo normas IRAM y que el consumo facturado es real.
• El usuario solo tiene la carga procesal inicial de presentar el "indicio": mostrar las facturas donde se evidencia el salto irrazonable. A partir de ahí, la carga probatoria se invierte hacia la empresa.

2. ¿Por qué la Justicia no investiga de oficio?

El Estado (a través de jueces o fiscales) no interviene de manera independiente por la forma en que está diseñado el sistema de fueros judiciales:

• Fueros Civil y Contencioso Administrativo (donde ocurren estos reclamos): Rige el "principio dispositivo". El juez actúa como un árbitro imparcial que solo evalúa lo que las partes le presentan. No investiga por su cuenta. Si el usuario no impulsa el caso y no aporta los indicios, el juez no actúa.
• Fuero Penal (donde el Estado sí investiga): Como mencionamos antes, para que un fiscal investigue de manera independiente y de oficio, el hecho debe estar calificado indudablemente como un delito de acción pública (como una gran estafa organizada). Mientras el Estado trate estos casos como "conflictos comerciales" o "problemas de facturación", el sistema penal no se activa.

3. El diseño del desgaste ("Fatiga del consumidor")

Tu conclusión de que el sistema parece diseñado para complicar la gestión de la víctima es un fenómeno estudiado en derecho y economía. Se conoce como la explotación de la "fatiga del consumidor".

Las empresas y, a menudo, los entes reguladores pasivos (como OCEBA), imponen barreras de entrada al reclamo: pedir múltiples fotocopias, exigir que el usuario pague un electricista matriculado privado para revisar la instalación interna antes de que ellos revisen el medidor, o demorar meses la resolución.

El modelo de negocios contempla que un alto porcentaje de usuarios, ante la burocracia, la amenaza de corte de servicio y la pérdida de tiempo, terminará abandonando el reclamo y pagando la factura. La barrera administrativa funciona como un filtro de rentabilidad.

NOTA DEL EDITOR

La lectura detenida y atenta me ha persuadido de que en el Partido de La Costa el Estado no nos protege, nos esquilma sin límites morales ni éticos.

¿Qué podemos esperar si los que gobiernan la Provincia de Buenos Aires forman parte del grupo dirigido por una presidente condenada a 6 años de prisión e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos?

Jamás tendremos acceso a una justicia republicana, sólo tendremos una corrupta.