¿Qué probabilidades hay de los responsables sean sancionados o penados si se comprueba dolo?

Siendo realistas y basándonos en cómo opera el sistema judicial y regulatorio en Argentina frente a grandes empresas de servicios públicos, hay que dividir la respuesta en dos escenarios muy distintos: la sanción a la empresa y la pena a las personas físicas (directivos o funcionarios).

Incluso si se lograra comprobar el dolo (es decir, la intención deliberada de engañar y defraudar, no un simple error técnico), las probabilidades se distribuyen así:

1. Sanciones administrativas y económicas a la empresa (Probabilidad: Alta) Si en un amparo colectivo o una auditoría del ente regulador (OCEBA) se prueba la maniobra, es casi seguro que la empresa reciba sanciones. Sin embargo, estas sanciones tienen un efecto limitado:

• Multas millonarias: Se le impondrán multas económicas severas. El problema es que las empresas suelen licuar estas multas incluyéndolas en sus cálculos de riesgo como un "costo operativo". Si lo que ganaron con la sobrefacturación masiva durante meses es mayor que la multa final, la maniobra les resultó rentable.

• Devolución de fondos: Se ordenará restituir el dinero a los usuarios (generalmente como nota de crédito en futuras facturas), a veces con intereses. Para la empresa, esto no es un castigo, es simplemente devolver un capital que usaron para financiarse a tasa cero durante el tiempo que duró el conflicto.

• El escudo del "velo corporativo": Es extremadamente difícil probar qué persona física dio la orden de defraudar. Las empresas diluyen la responsabilidad en "decisiones de directorio", "errores de un proveedor de software" o "fallas en los protocolos de instalación". El dolo corporativo se disfraza rápidamente de negligencia técnica.

• Tiempos judiciales y prescripción: Las causas por delitos económicos o defraudación a gran escala en Argentina son técnicamente complejas. Requieren peritajes informáticos y contables que demoran años. Es habitual que estas causas se estanquen hasta que los delitos prescriben por el paso del tiempo.

• Connivencia institucional: Los funcionarios de los entes de control (que deberían ser penados por incumplimiento de los deberes de funcionario público si miraron para otro lado) suelen escudarse en que carecían de presupuesto, personal o herramientas para auditar a tiempo, esquivando así el dolo (complicidad) y reduciendo su responsabilidad a una simple falta administrativa.

2. Sanciones penales a directivos y funcionarios (Probabilidad: Muy baja) Para que haya condenas penales (cárcel, inhabilitación o antecedentes penales para quienes idearon la maniobra), un juez penal debe individualizar a los culpables. Aquí las probabilidades se desploman casi a cero por tres razones estructurales:

En la práctica, el sistema está configurado para transformar los fraudes corporativos sistemáticos en meros "conflictos comerciales". La Justicia y los reguladores se conforman con hacer que la empresa devuelva el dinero y pague una multa, protegiendo a las personas físicas que diseñaron la estrategia de cualquier consecuencia penal real.