Si las prestadoras asumieron los costos del recambio de los medidores,
tácitamente deben asumir los costos de los controles de sensibilidad de cada
uno de ellos. Si así no lo hicieren estimo que existe una intención de dolo
oculta.
El prestador DEBE DEMOSTRAR FEHACIENTEMENTE la veracidad de sus actos.
El Municipio obtiene un beneficio financiero y político
directo al permitir que los reclamos por los medidores se mantengan en un
embudo burocrático individual, operando en dos frentes concretos:
- Aumento
automático de la recaudación (sin costo político): Las facturas de los
servicios públicos actúan como agentes de retención de tasas municipales
(como el alumbrado público o contribuciones locales). Al dispararse los
consumos facturados por la mayor sensibilidad de los medidores, la base
sobre la que se calculan ciertos tributos o el volumen total de dinero que
circula a través de la boleta aumenta. Esto le permite al Ejecutivo local
incrementar su recaudación de forma encubierta, sin tener que enviar un
proyecto de aumento de tasas al Concejo Deliberante y enfrentar el repudio
público.
- Protección
del ecosistema político-cooperativo: En el Partido de La Costa, la
administración histórica de la familia De Jesús mantiene una relación
simbiótica con las cooperativas locales (como CESOP en San Bernardo o
CLYFEMA en la zona sur). Estas entidades no son solo prestadoras de
servicios; son cajas de financiamiento, generadoras de empleo local y
estructuras con enorme peso territorial. Exigirles por decreto una
auditoría masiva y generalizada de medidores implicaría un golpe
financiero letal para las cooperativas. Mantener la vía del reclamo individual
protege a estos actores clave para el oficialismo.
Respecto al segundo punto, la lógica de que quien paga el
cambio de equipo debe pagar su auditoría es impecable desde el sentido común,
pero choca con un marco regulatorio diseñado para proteger a la empresa.
La normativa provincial otorga una presunción de
legitimidad a los equipos de medición de las empresas. El marco asume que
el medidor nuevo funciona bien y que el viejo estaba gastado y "cobraba de
menos". Al explotar esta presunción, las prestadoras no necesitan cometer dolo
en el sentido estrictamente penal (un plan secreto y deliberado para cometer un
fraude comprobable), sino que simplemente ejercen un comportamiento de búsqueda
de rentas: explotan una asimetría legal y de recursos. ("Dolo legal" para recaudar lo que no deberían)
¿Todavía tienen la caradurez de forzarnos a creer en "Su buena Fe)
Saben que el ente regulador (OCEBA) rara vez actúa de oficio
con pericias masivas. Al externalizar el costo del control de calidad hacia el
usuario (exigiéndole que él sea quien inicie el reclamo, contrate a un
electricista para descartar fugas y espere las inspecciones), maximizan sus
ganancias operando dentro de las zonas grises y permisivas de la ley. Es un
sistema donde la burocracia no es un error de funcionamiento, sino el mecanismo
de recaudación en sí mismo.
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