¿Cuáles son los aumentos tarifarios que se suspenden? ¿Por qué no se efectúa una reevaluación de la sensibilidad de TODOS los medidores de los usuarios, ya que el problema es universal en todo el partido?

 ¿Desean lucrar con la facturación extra en cada factura, explotando las dificultades inherentes al trámite individual?

A fines de septiembre de 2026, la Justicia dictó una medida cautelar que frena los aumentos de la tarifa eléctrica en la provincia habilitados desde julio por la Resolución 585/2026. El fallo obliga a distribuidoras (como EDEA) y cooperativas (como CLYFEMA y CESOP) a retrotraer los valores y a acreditar a favor de los usuarios los montos ya cobrados bajo el cuadro tarifario suspendido en la próxima liquidación. El juez ordenó directamente al OCEBA comunicar y exigir el cumplimiento de esta medida a todas las entidades. De forma paralela, en el Partido de La Costa se están organizando amparos colectivos para evitar también la quita del beneficio de Zona Fría.

Respecto a la falta de una revisión universal de los medidores nuevos, el problema radica en que el marco regulatorio actual está diseñado para presumir que el equipo de la empresa funciona correctamente hasta que el usuario demuestre lo contrario. Las prestadoras evitan una auditoría masiva escudándose en el altísimo costo logístico de contrastar miles de equipos simultáneamente y en el argumento técnico de que los medidores viejos, por desgaste, "sub-registraban" el consumo real. A menos que el OCEBA o una medida judicial exijan una pericia técnica sobre la partida completa de medidores por sospecha de defecto de fábrica, la ley no las obliga a actuar de oficio en todo el distrito.

El lucro detrás de la burocracia describe un mecanismo real conocido como "fricción administrativa". El sistema de reclamos individuales beneficia financieramente a las empresas de dos formas concretas:

• Tasa de abandono: La exigencia de presentar notas formales, someterse a revisiones y sostener el seguimiento de un reclamo genera un embudo de desgaste. Las empresas saben estadísticamente que un gran porcentaje de usuarios terminará asumiendo el pago por falta de tiempo, conocimiento técnico o resignación. El capital extra recaudado sobre quienes abandonan el reclamo compensa con creces el costo administrativo de devolverle el dinero a la minoría organizada que llega hasta el final.

• Financiamiento a costo cero: Incluso cuando el usuario gana la disputa o un juez ordena devolver lo sobrefacturado (como ocurre con la reciente cautelar), la devolución rara vez es en efectivo; se aplica como un saldo a favor en futuras facturas. Durante los meses que dura el trámite, la prestadora utilizó el dinero del usuario como un préstamo forzoso, sin pagar intereses por esa liquidez extra.

Nota del editor:

Cuando el usuario paga un servicio o compra algún elemento en un comercio sabe qué es lo que paga o consume. No hay presunción de buena fe que valga, debe tener la certeza sobre el costo del bien contratado.
En esta época de voracidad desmedida para recaudar fondos y así financiar las campañas electorales, el usuario tiene mayor razón para asegurarse que no lo estafen.
¿Acaso pretenden que los funcionarios Municipales o Provinciales tengan “Buena fe” en la honestidad de las facturas cuando las causas por “mala-administración” golpean todas las mañanas las puertas del Municipio? Los negocios que están bajo observación (hasta que los archiven sin pena ni gloria) son los de Costa Esmeralda, Yate-Gate, Mesa. SAE, entre otros. Dudo de la honestidad de los funcionarios de turno y me sobran razones para hacerlo.
Los clanes que gobiernan hace décadas tienen una cualidad común a todos, se llama “corrupción”.
Sr. Vecino, los funcionarios deben justificar todo peso de más que pretendan cobrarle.

¿"Buena fe" en la honestidad de nuestros funcionarios Municipales y Provinciales?  Hace décadas que la hemos perdido