Pidió preservar el territorio argentino
El intendente del Partido de La Costa criticó el alcance del DNU 70/2023 y advirtió sobre sus efectos en la protección de las tierras rurales, los recursos naturales y el patrimonio estratégico del país.
La Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) limitaba la
titularidad de tierras por parte de extranjeros al 15% del territorio nacional,
fijaba un máximo de 1.000 hectáreas en zonas agrícolas productivas y prohibía
la compra en zonas de seguridad de frontera o sobre cuerpos de agua
estratégicos. Su derogación, impulsada por el DNU 70/2023 y recientemente
restituida por un fallo de la Corte Suprema a fines de septiembre de 2026,
divide posturas en torno al modelo económico y la administración del
territorio.
Argumentos a favor (Pros)
- Atracción
de inversiones internacionales: El argumento central es que la
eliminación de las restricciones destraba el ingreso de capitales
extranjeros necesarios para desarrollar sectores intensivos, como la
minería, la energía, el turismo y la agroindustria.
- Dinamización
del mercado inmobiliario rural: Los defensores de la medida sostienen
que los topes deprimían artificialmente el valor de los campos argentinos
en comparación con los países vecinos, paralizando el mercado y espantando
proyectos productivos.
- Desarrollo
de áreas marginales: Se argumenta que el libre flujo de capitales
permite financiar la explotación de tierras que actualmente están ociosas
o que requieren de altísimas inversiones en tecnología e infraestructura
(como sistemas de riego complejos) para volverse rentables.
- Jurisdicción
vs. Soberanía: Desde una perspectiva jurídica y económica, quienes
apoyan la derogación señalan que vender tierras no equivale a ceder
soberanía territorial. El propietario extranjero, sin importar cuánta
tierra posea, queda sujeto a la jurisdicción del Estado argentino y debe
cumplir con sus impuestos, leyes laborales y normativas ambientales.
Argumentos en contra (Contras)
- Pérdida
de control sobre recursos estratégicos: Organizaciones sociales,
ambientales y políticas advierten que la derogación permite a
corporaciones extranjeras apropiarse sin límites de bienes comunes
vitales, como grandes reservas de agua dulce (ej. zonas sobre el Acuífero
Guaraní), tierras fértiles clave para la soberanía alimentaria y minerales
estratégicos.
- Concentración
y latifundios: Al eliminarse los límites de hectáreas, existe el
riesgo de que grandes fondos de inversión internacionales o empresas
respaldadas por Estados extranjeros acaparen enormes extensiones del
territorio nacional, promoviendo un modelo de extrema concentración de la
riqueza.
- Riesgos
de seguridad y geopolítica: La ley original bloqueaba específicamente
la venta de tierras a extranjeros en áreas de seguridad de frontera y
costas. Su eliminación es vista por sectores nacionalistas y centros de
excombatientes como una vulneración directa a la defensa y la integridad
territorial.
- Especulación
y desplazamiento local: La entrada masiva de dólares al mercado
inmobiliario rural puede generar una subida desmedida en el precio de la
tierra. Esto dificulta el acceso a la propiedad para los pequeños y
medianos productores argentinos y aumenta el riesgo de desplazamiento para
comunidades rurales e indígenas que no poseen títulos de propiedad
regularizados.
Nota del Editor
Las observaciones hechas por el
peronismo podrían incluirse en falsedad ideológica porque:
a) Lázaro Baez se apropió a precio vil de terrenos destinados a una futura
represa.
b) Lázaro Báez constituyó un latifundio de 20 veces la extensión de la Capital
c) El kirchnerismo hizo una concesión de
territorio neuquino a china, dándole autonomía respecto a nuestro país
d )El kirchnerismo cedió territorio a grupos rurales e indígenas “flojo de
papeles” y en territorio fronterizo.
Más que falsedad ideológica debería
considerarse también “traición a la patria”

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