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Reclamos o pedidos de incentivos impositivos específicos que los hoteleros y comerciantes de La Costa le están exigiendo al Municipio para poder sobrevivir el verano

 El sector privado del Partido de La Costa (hoteleros, gastronómicos, balnearios y comerciantes) exige a la gestión del intendente Juan de Jesús medidas de salvataje directas que implican que el Estado municipal resigne recaudación. Tras un invierno con bajísima actividad, las cámaras y asociaciones consideran insuficientes los simples planes de pago en cuotas y exigen recortes impositivos de fondo para no ir a la quiebra antes de abrir en verano.

Los reclamos específicos de incentivos y alivio fiscal que están sobre la mesa del Ejecutivo local son:

• Suspensión y eximición de la Tasa de Seguridad e Higiene: La hotelería y el comercio exigen que el Municipio elimine, reduzca drásticamente o congele el cobro de esta tasa para quienes mantuvieron las puertas abiertas durante la temporada baja. El reclamo central es que sostener la misma presión fiscal sobre locales que facturaron a pérdida durante el invierno los ahoga financieramente.
• Condonación de deudas, no solo "moratorias": Aunque la Municipalidad implementó y prorrogó recientemente planes de regularización de tasas, el sector privado exige la condonación total de los intereses punitorios e incluso quitas sobre el capital adeudado en los meses críticos. Argumentan que refinanciar la deuda para pagarla en cuotas durante el verano solo destruye el poco margen de ganancia que puedan llegar a tener.
• Escudo judicial contra los tarifazos de luz (EDEA): Si bien no es un impuesto municipal, es el mayor factor de quiebra. Tras recibir facturas de electricidad de hasta 1,4 millones de pesos, los comerciantes y vecinos realizaron protestas y "apagones". La exigencia directa a la Municipalidad es que el intendente encabece un amparo judicial colectivo para frenar los cortes de suministro y frenar las tarifas energéticas que impiden abrir a los prestadores turísticos.
• Congelamiento de los cánones de concesión en playa: Los titulares de balnearios reclaman que se congele el valor anual del canon que deben pagar por la explotación del espacio público en la arena. Si la Municipalidad indexa ese impuesto por inflación, los concesionarios advierten que se verán obligados a trasladar ese costo al alquiler de carpas y sombrillas, dejándolos totalmente fuera de competencia comercial frente a otros destinos e incluso países limítrofes.

En síntesis, la exigencia del sector privado es frontal: le piden a la Municipalidad que baje la presión impositiva y actúe como un escudo protector ante los servicios fijos, asumiendo parte del costo de la crisis en lugar de limitarse a cobrar impuestos.

 La respuesta oficial o la postura del intendente Juan de Jesús ante estos reclamos impositivos del sector privado

La respuesta oficial de la gestión de Juan de Jesús ha sido mantener la estructura tributaria del Municipio para no desfinanciar las arcas locales, apostando por la negociación y las facilidades de pago en lugar de aplicar las eximiciones de fondo que exige el sector privado.

En términos concretos, esta es la postura y las acciones que tomó el Ejecutivo municipal frente a los reclamos:

• Sobre los impuestos municipales (Seguridad e Higiene): El Municipio no suspendió el cobro de la tasa ni perdonó el capital adeudado por los meses de invierno. La respuesta oficial del intendente fue lanzar y prorrogar (hasta agosto de 2026) un plan de regularización de deudas que se limitó a quitar las multas por mora. La postura es clara: el impuesto se cobra, pero se otorgan cuotas y facilidades web para pagarlo.
• Sobre el amparo contra EDEA: Ante el estallido por facturas de luz de hasta 7 millones de pesos, Juan de Jesús no impulsó un amparo judicial colectivo contra los aumentos. Su intervención oficial fue política: en agosto de 2026, el Municipio se sentó con EDEA y acordó frenar temporalmente los cortes de suministro por falta de pago mientras la empresa analiza los reclamos "caso por caso". Las acciones legales y presentaciones formales ante el ente regulador (OCEBA) están siendo llevadas adelante por abogados locales y vecinos autoconvocados, quienes le exigen al Municipio un rol judicial más activo.
• Sobre el congelamiento de cánones: El Ejecutivo no ha validado la congelación de tarifas por el uso de espacio público (balnearios). La postura oficial es que los costos operativos del Municipio (recolección de residuos, seguridad en playa, salud pública) sufrieron el mismo impacto inflacionario que los privados, por lo que el Estado necesita actualizar sus ingresos para garantizar los servicios durante la temporada.

En resumen, la Municipalidad actuó como mediadora para evitar cortes de luz y ofreció moratorias para las tasas locales, pero cerró la puerta a absorber el impacto de la crisis mediante el recorte directo de sus propios impuestos o asumiendo el liderazgo de una batalla judicial contra las empresas de servicios.